El Poder Ejecutivo Nacional reglamentó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sancionada por el Congreso el 10 de octubre último, por lo que rige con vocación “profundamente antimonopólica”, según la definición del titular de la autoridad de aplicación, Gabriel Mariotto.
A través del Decreto 1225 publicado ayer en el Boletín Oficial, con las firmas de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y del jefe de gabinete, Aníbal Fernández, la reglamentación consigna que fueron tomadas en cuenta opiniones y propuestas expresadas por la ciudadanía durante el plazo de quince días establecido por la aplicación de un mecanismo participativo. En su artículo 2º, el decreto faculta a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual a “dictar las normas complementarias y aclaratorias de la reglamentación que se aprueba por el presente decreto”.
“La Ley 26.522 busca garantizar la libertad de expresión en todas sus modalidades, promoviendo el más amplio pluralismo y diversidad de las manifestaciones que pudieran existir en la sociedad argentina”, afirma el decreto, remarcando que “estos objetivos se verían frustrados de no corregirse las situaciones preexistentes”, o sea los monopolios y oligopolios mediáticos.
Por otro lado, la reglamentación del Artículo 161º de la ley dispone que “la Autoridad de Aplicación establecerá los mecanismos de transición a los fines de adecuar la situación de la totalidad de los licenciatarios a lo dispuesto en la Ley 26.522”. El decreto diferencia tres modalidades para eso: la voluntaria, la constatación de oficio y la adecuación por transferencia de licencias. Por medio de la adecuación voluntaria, se posibilitará que los titulares de licencias que no cumplan con los requisitos establecidos por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y que las personas jurídicas con una cantidad mayor de licencias o una composición societaria, diferentes a las permitidas, puedan “iniciar el trámite de adecuación mediante declaración jurada”.
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