La causa que investiga la desaparición de Sofía Devries en las aguas de Puerto Madryn entró en una etapa de definiciones técnicas y testimoniales clave. Los testimonios apuntan a que la joven se descompensó en medio de un ataque de pánico.  

Los investigadores judiciales avanzan sobre una certeza que marca el rumbo del expediente: de comprobarse que existió un delito, se trataría de un homicidio culposo. Bajo esta figura, la Justicia busca determinar si la joven de 23 años murió por una negligencia o impericia de quienes debían velar por su seguridad bajo el agua, ya que ningún agente que trabaja en el caso espera encontrarla con vida.

El punto crítico de la investigación se centra en la figura del instructor -perteneciente a una escuela de buceo de Buenos Aires- y en el operador de la embarcación. 

Por el momento, el responsable de la instrucción no fue citado a declarar como testigo porque, de confirmarse las sospechas de abandono o falta de reacción, su situación procesal podría girar rápidamente hacia la de imputado.

La reconstrucción de los hechos, basada en el testimonio del novio de la joven, indica que Sofía se habría descompensado tras sufrir un ataque de pánico mientras se encontraba a unos 20 metros de profundidad.

Según el relato de su pareja, la joven entró en una crisis de miedo tal que llegó a quitarse la boquera del regulador para intentar respirar, una acción que en ese contexto provoca el ingreso inmediato de agua a los pulmones. La fiscalía busca ahora determinar si, ante esa emergencia, el instructor estaba presente o si ya había emergido, dejando a los alumnos solos.

El escenario del incidente fue el Parque Submarino "HU SHUN YU 809", un sector habilitado por Prefectura Naval donde, según los expertos, la visibilidad el lunes era de unos tres metros. Si bien las condiciones climáticas en la superficie eran aceptables entre las 10 y las 11 de la mañana, la investigación técnica intenta descifrar cómo estaba el ambiente bajo el agua. 

Se sabe que en esa zona del Golfo Nuevo existen corrientes permanentes que podrían haber desplazado el cuerpo de Sofía entre 10 y 15 metros en cuestión de segundos tras su desvanecimiento.

Adrián Wagner, jefe de Salvamento y Buceo de Prefectura, explicó que un buzo equipado mantiene una flotabilidad neutra, lo que dificulta el rescate si la persona se desorienta o pierde el conocimiento. "Si una persona se saca el regulador en un contexto de pánico, no puede respirar, abre la boca y el agua entra a los pulmones", detalló el prefecto, abonando la teoría de un accidente fatal derivado de una crisis nerviosa que no pudo ser contenida por los profesionales a cargo.

Prácticas previas

El grupo de buceo realizaba una certificación internacional (PADI) y, según trascendió, sus prácticas previas habían sido únicamente en piletas. Esta falta de experiencia en aguas abiertas, sumada a la escasa visibilidad de la zona de Punta Cuevas, convierte al caso en una trama "delicada y compleja". La fiscalía analiza si se cumplieron los protocolos de seguridad exigibles para alumnos principiantes o si se omitieron medidas básicas de socorro en una actividad de alto riesgo.

Mientras la búsqueda continúa con buzos tácticos y robots de exploración subacuática, el expediente pasó este miércoles a manos de la fiscal María Eugenia Vottero. La funcionaria deberá evaluar los resultados de las pericias solicitadas sobre los equipos de inmersión y las comunicaciones de la embarcación. El objetivo es establecer si la tragedia respondió a una fatalidad propia de la actividad o si hubo una conducta negligente por parte de terceros que no supieron o no quisieron rescatar a Sofía.

En medio del dolor, Leo, la pareja de la joven, denunció públicamente la supuesta inacción de las autoridades durante las primeras horas de la desaparición y pidió desesperadamente que no se detenga la búsqueda. Su testimonio es la pieza fundamental que sostiene la hipótesis del ataque de pánico, pero también es el que pone en duda la presencia efectiva del instructor en el momento en que Sofía soltó su regulador a 20 metros bajo la superficie.

La Justicia también pone la lupa sobre el operador de la embarcación. Se busca saber si el protocolo de emergencia se activó de manera inmediata o si hubo demoras. 

Por ahora, el caso permanece caratulado como averiguación de paradero, pero la sombra del delito culposo sobrevuela cada foja del expediente.

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