El Gobierno dispuso la intervención de la empresa estatal Corredores Viales S.A. tras considerar que tuvo pérdidas millonarias y la existencia de una deuda vigente con los proveedores. La compañía será sometida a un proceso de reorganización mientras se avanza hacia la privatización de la misma.

La medida fue confirmada esta madrugada a través de la publicación del decreto 244/2025 en el Boletín Oficial. “Dispónese la intervención de “CORREDORES VIALES S. A.”, empresa del Sector Público Nacional actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE ECONOMÍA, por el plazo y en los términos previstos por el artículo 6° de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos N° 27.742”, señala el artículo 1 del documento.

En la normativa, que lleva la firma del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, se indica que el proceso será por tiempo indefinido, según fue establecido en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.

De este modo, la empresa, que dependiente de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, pasará a estar a cargo de la interventora Anastasia María de los Ángeles Adem, que tendrá las facultades que el estatuto le otorga al Directorio y a su presidente.

Además, en la disposición, se le asignaron algunas tareas como realizar una auditoría de gestión al inicio y al final de la intervención, evaluar el estado financiero y operativo de la compañía, presentar la rendición de cuentas y elaborar un plan de acción para su reformulación, el cual deberá ser aprobado por el Ministerio de Economía.

En esa línea, la funcionaria deberá revisar la administración de compras y contrataciones, contará con la posibilidad de designar y remover personal, tendrá que disponer una auditoría integral sobre el estado de los corredores viales, y operar y mantener la sociedad durante el período de transición previo a su disolución y liquidación.

La interventora deberá comunicar al ministerio de Economía sobre la existencia de irregularidades. “Deberá informar al Ministerio de Economía, con precisión, su significatividad económica y el impacto que ocasiona o ha ocasionado”, indicaron. Asimismo, tendrá que presentar el total de la información y/o documentación junto a las acciones y medidas propuestas para corregir la situación.

Por su parte, se conoció que la empresa estatal presentó resultados negativos respecto de los balances realizados en 2023. Según los datos oficiales, contaba con una deuda de $142.000 millones para con los proveedores y pérdidas acumuladas por $268.000 millones. En paralelo, también había recibido $301.000 millones por parte del Tesoro Nacional.

El Gobierno dejó en claro que la privatización de la compañía es una prioridad para asegurar la conexión de las distintas regiones del país de manera segura y previsible. En ese sentido, Corredores Viales S.A había sido enumerada dentro de la lista de empresas estatales que quedaron sujetas a ser privatizadas, según el artículo 7 de la Ley de Bases.