Diputados de Unión por la Patria presentaron en las últimas horas una propuesta para rechazar los decretos que emitió el Gobierno de Javier Milei esta semana, en los que reforman el sistema de provisión de agua y comienzan el proceso de privatización de la compañía Agua y Saneamientos Argentinos (AySA).

Cabe destacar que este proyecto tieneo como principal objetivo la derogación de los DNU 493/2025 y 494/2025 considerando que "modifica de forma unilateral el marco legal vigente en materia de provisión del servicio público de agua potable y saneamiento". En tanto, sostienen que en la actual gestión se eliminaron controles de calidad y se paralizaron obras que buscaban expandir el acceso a la red de agua y cloacas.

La iniciativa fue formulada por las bonaerenses Victoria Tolosa Paz y Sabrina Selva, y rubricada por una decena de miembros del bloque peronista en la Cámara baja, donde argumentaron que la medida del Ejecutivo "resulta profundamente regresiva para los usuarios del servicio público, al habilitar un régimen que autoriza cortes por falta de pago y elimina toda previsibilidad tarifaria, sin garantizar que las tarifas sean justas y razonables, como exige el artículo 42 de la Constitución Nacional".

Mientras tanto, Nación autorizó la privatización total de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA). La medida se formalizó esta semana a través del Decreto 494/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

La iniciativa fue formulada por las bonaerenses Victoria Tolosa Paz y Sabrina Selva, y rubricada por una decena de miembros del bloque peronista en la Cámara baja.

La norma habilita la venta del 90% del capital accionario de AYSA, actualmente en manos del Estado nacional, mediante un proceso de licitación pública nacional e internacional.

Privatización de AySA: permitirán el corte del suministro
El Decreto 493/2025, mediante el cual reemplazó el marco normativo vigente y autorizó, por primera vez en casi dos décadas, el corte del suministro por mora. El DNU, difundido en el Boletín Oficial, otorga “amplias facultades para auditar las obras dentro del Área Regulada”, así como la posibilidad de constituir garantías con los ingresos de la concesión para respaldar financiamiento externo.

La decisión se fundamenta en el diagnóstico de la actual administración, que sostiene que AySA operó de forma deficitaria desde su creación, dependiendo de manera constante y significativa del financiamiento estatal. Según cifras oficiales, entre 2006 y 2023 el Tesoro Nacional transfirió a la compañía cerca de u$s13.400 millones.

La estructura actual resulta insuficiente para dar respuesta a las demandas crecientes de cobertura, calidad y sostenibilidad”, argumenta el decreto en sus considerandos, en el marco de una “profunda crisis económica” que impide al Estado continuar subsidiando el sistema.