El Gobierno de Javier Milei avanza en el proceso de privatización de Aguas y Saneamientos Argentinos S.A (AySA), que fue anunciado hace unos días atrás. En esa línea, el Ejecutivo autorizó este martes a la empresa a cortar el suministro a usuarios por falta de pago. Además, reestructuró gran parte de la normativa e implementó nuevos artículos.

La medida fue confirmada esta madrugada mediante la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 493/2025, que sustituyó al Decreto 304/2006, que establecía la titularidad estatal del 90% del capital de AySA, y autoriza al Estado Nacional a “enajenar total o parcialmente su participación accionaria, conforme a las modalidades y procedimientos establecidos en las Leyes Nros. 23.696 y sus modificatorias y 27.742”. 

De este modo, se autoriza la venta de acciones y la entrada de capital privado en la empresa, en línea con la declaración de “sujeta a privatización” dispuesta por la Ley 27.742. 

“El diseño del régimen vigente no se ajusta a las necesidades actuales de expansión, sostenibilidad y eficiencia que la prestación del servicio requiere, al haber sido concebido para un modelo de gestión estatal que no contempla adecuadamente las condiciones necesarias para fomentar nuevas inversiones y ampliar la cobertura”, destacaron en el documento, que lleva la firma del presidente Javier Milei y su gabinete.

En la normativa, explicaron que actualmente hay “profunda crisis económica que limita severamente la capacidad del Estado para sostener y expandir la prestación del servicio público”. “Esto se evidencia entre otros aspectos, en el creciente deterioro operativo y financiero de AySA, cuya estructura actual resulta insuficiente para dar respuesta a las demandas crecientes de cobertura, calidad y sostenibilidad”.

Entre las principales modificaciones aplicadas, se confirmó que la empresa podrá “efectuar el corte de servicio en caso de mora”. Además, se le entregó a la compañía “amplias facultades para revisar y auditar todas las obras que se ejecuten dentro del Área Regulada” y permitió la “construcción como garantías de los fondos provenientes de Contrato de Concesión para garantizar el repago del financiamiento destinado a la prestación del Servicio Público”.

En tanto, el Ejecutivo estableció un punto de Cooperación entre el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) y la Agencia de Planificación (APLA). “La concesionaria, la sindicatura de usuarios y las comisiones asesoras podrán solicitar el tratamiento de temas que requieran la intervención conjunta”, enfatizó.

Por su parte, el Gobierno creó un “Plan Director de Mejora Estratégica”, que será elaborado por APLA y el cual tendrá buscará “establecer los lineamientos y estrategias técnicas para el desarrollo de las obras básicas de infraestructura que posibiliten la ampliación y extensión del servicio público a través de programaciones de proyectos y obras, fuentes de financiamiento y entes ejecutores”. 

Ese documento servirá como directriz y base del Plan de Acción de la Concesionaria. Asimismo, especificaron que el mismo será evaluado cada cinco años por la agencia. “Deberá contemplar criterios de razonabilidad y economicidad técnica para evaluar la factibilidad de las obras, tomando en consideración la densidad poblacional y demás aspectos geográficos que puedan determinar la inviabilidad de la inversión”, aclararon.

Por último, el Gobierno consideró: “Resulta pertinente adoptar con celeridad medidas que permitan viabilizar urgentemente las inversiones necesarias y garantizar la mejora sostenida en las condiciones de prestación del servicio público de agua potable y desagües cloacales a cargo de AySA sin que ello implique, en ningún caso, interrupciones ni situaciones que pongan en riesgo la continuidad del servicio”.