Amnistía Internacional presentó una demanda judicial contra la Municipalidad de San Isidro por aplicar un protocolo interno que obstaculiza el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, en violación directa de la Ley 27.610.

La organización sostiene que la directiva municipal impone requisitos no previstos en la normativa nacional: consultas psicológicas y con el servicio social como pasos previos -en algunos casos obligatorios-, la exigencia de ratificar una decisión ya expresada, y modificaciones en la forma de contar el plazo legal de 10 días. Además, el protocolo concentra la atención exclusivamente en el Hospital Materno Infantil de San Isidro, impidiendo que los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) garanticen las interrupciones del embarazo. Esto configura, según Amnistía, una objeción de conciencia institucional, práctica expresamente prohibida por la ley.

"Lo que ocurre en San Isidro da cuenta de un alarmante retroceso. La Ley 27.610 es clara y ningún municipio puede pretender reescribirla ni imponer obstáculos adicionales para ejercer un derecho reconocido por ley", afirmó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

Un patrón sostenido de obstáculos desde 2024

La demanda se apoya en testimonios recibidos durante 2024, 2025 y 2026 de mujeres y personas gestantes que describieron un circuito de obstrucción en el Hospital Materno Infantil. Entre las prácticas denunciadas figuran la exigencia de requisitos no contemplados por la ley, comentarios moralizantes, la presunta intervención de personas ajenas al equipo de salud y situaciones en las que se intentó desalentar a las mujeres en el ejercicio de sus derechos.

Amnistía también recibió testimonios de profesionales de la salud que señalaron presiones para declararse objetores de conciencia, bajo amenazas o apercibimientos laborales. Asimismo, se reportaron casos en que mujeres fueron contactadas de forma insistente, luego de la práctica, por personas que se presentaban como personal del hospital para averiguar si habían abortado -una conducta que plantea serios interrogantes sobre el uso de datos personales obtenidos en el marco de la atención sanitaria.

El protocolo fue ocultado hasta que la Justicia ordenó su entrega

La existencia del documento fue revelada inicialmente por una investigación de CNN. Ante la falta de respuestas a reiterados pedidos de información pública, Amnistía inició una acción judicial para obtenerlo. El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N.° 2 de San Isidro ordenó al municipio informar sobre los protocolos vigentes, y fue recién entonces que la gestión municipal confirmó su existencia.

La organización advirtió que la falta de publicidad de la directiva agrava la situación: impide que las personas conozcan las reglas que rigen su atención, dificulta el control público y judicial, y expone a mujeres, personas gestantes y equipos de salud a prácticas contrarias a la ley. Además, recordó que la Ley 27.610 incorporó al Código Penal sanciones para quienes dilaten injustificadamente u obstaculicen el acceso al aborto en los casos legalmente autorizados, lo que implica que el propio municipio podría estar comprometiendo la responsabilidad de sus profesionales de la salud.