El Gobierno nacional avanzó este miércoles en el proceso de privatización de la infraestructura vial al autorizar el llamado a licitación pública nacional e internacional para concesionar cuatro tramos estratégicos de rutas nacionales, en el marco de la Red Federal de Concesiones - Etapa II-B. 

La medida quedó oficializada a través de la Resolución 112/2026, que fue publicada esta madrugada. En ese marco, desde del Ministerio de Economía, la vigente en el Boletín Oficial .

La decisión se inscribe en el proceso de privatización total de Corredores Viales S.A., empresa estatal que hasta ahora tenía a su cargo la gestión de importantes corredores viales. 

El nuevo esquema prevé concesiones de obra pública por peaje, bajo la Ley 17.520, con el objetivo de transferir al sector privado la operación, mantenimiento y ampliación de rutas clave para el transporte productivo y logístico del país.

Qué rutas se licitan y qué incluye la concesión. Asimismo, La licitación comprende los tramos Mediterráneo, Puntano, Portuario Norte y Portuario Sur, que abarcan partes de las rutas nacionales 7, 8, 9, 33, 35, 36, 188, 193 y accesos estratégicos portuarios. Según la medias, las empresas concesionarias deberán hacerse cargo de la construcción, explotación, administración, reparación, conservación y mantenimiento, además de la prestación de servicios a los usuarios.-

El esquema también habilita la realización de explotaciones complementarias que permitan generar ingresos adicionales, lo que refuerza el modelo de autofinanciamiento a través del cobro de peajes.

El objetivo fiscal y económico del Gobierno Desde el Ministerio de Economía sostienen que la medida apunta a eliminar el déficit asociado al mantenimiento de la red vial nacional y avanzar hacia un sistema más eficiente, con menor carga para las cuentas públicas. En ese marco, el Gobierno considera que la participación privada permitirá acelerar obras, mejorar el estado de las rutas y garantizar su mantenimiento sin recurrir a fondos del Tesoro.

Por un lado, se espera una mejora en la calidad de las rutas y mayor previsibilidad en obras de infraestructura. Por otro, el cobro de peajes vuelve a ser un punto sensible para transportistas, productores y usuarios frecuentes, especialmente en corredores clave para las economías regionales.

La resolución establece reglamentos de explotación, infracciones y sanciones, además de instancias de control y audiencias públicas previas, aunque el impacto final dependerá de las tarifas que se autoricen y del control efectivo del Estado sobre las concesionarias.

El cronograma oficial prevé que las consultas a los pliegos puedan realizarse hasta el 27 de abril de 2026, mientras que la presentación de ofertas estará habilitada hasta el 7 de mayo. La apertura se realizará ese mismo día a través de la plataforma CONTRAT.AR, donde también puede consultarse la documentación completa del proceso.

Con esta medida, el Gobierno profundiza su plan de reforma estructural del sistema vial argentino, apostando a un modelo de concesiones privadas como eje central. La licitación de la Etapa II-B será determinante para evaluar el interés del mercado, la competencia entre oferentes y la viabilidad del nuevo esquema, en un contexto donde la infraestructura y el costo logístico son factores centrales para la economía.