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El Gobierno de Javier Milei autorizó la venta de las acciones de cuatro empresas hidroeléctricas

El Ejecutivo confirmó la transferencia de las acciones de las empresas hidroeléctricas de ENARSA a la Secretaría de Energía. Además, estableció un régimen transitorio para asegurar la continuidad de la generación eléctrica hasta que finalice el concurso y se transfiera el control a nuevos operadores.

El Gobierno nacional dispuso este martes la privatización de los cuatro principales complejos hidroeléctricos del Comahue: Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. De este modo, anunció la transferencia de las acciones de las sociedades desde ENARSA a la Secretaría de Energía y posteriormente las mismas se venderán a través de un Concurso Público Nacional e Internacional sin base.

La decisión fue confirmada esta madrugada mediante el Decreto 590/2025, que fue publicado esta madrugada en el Boletín Oficial, que avanza con el plan de privatización y establece un régimen transitorio para las actuales concesionarias.

     

En ese sentido, en la normativa indicaron que las actuales concesionarias (Orazul Energy, Enel Generación, AES Argentina y Central Puerto) podrán seguir operando hasta el 31 de diciembre de 2025, o bien, hasta que se efectivice el concurso y se designen a los nuevos administradores.

Además, destacaron que para continuar deben presentar una Carta de Adhesión en los 5 días siguientes a la entrada en vigencia del decreto. En este contexto, aclararon que en caso de no adherir, deberán seguir operando 90 días hábiles para garantizar la continuidad del servicio.

En tanto, tendrán que “cumplir íntegramente con los contratos de concesión originales de 1993 y mantener una garantía de cumplimiento mínima de USD 4.500.000". Asimismo, se especificaron que "no podrán reclamar al Estado por cambios en el esquema tarifario del Mercado Eléctrico Mayorista”.

Entre otras condiciones para las concesionarias que adhieran, señalaron que deberán abonar regalías a las provincias de Neuquén y Río Negro, presentar inventarios bimestrales de bienes y equipos y permitir visitas de interesados en el futuro concurso”.

Por su parte, establecieron que el Ministerio de Economía, junto con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, tendrán que llamar a concurso dentro de 60 días corridos. En esa línea, la cartera liderada por Luis Caputo será la autoridad de aplicación y podrá dictar normas aclaratorias y complementarias.

Por último, indicaron que no se aplicarán programas de propiedad participada ni preferencias a oferentes (excluido el art. 16 de la Ley 23.696). Se deben respetar los límites de concentración de mercado previstos en la Ley 24.065.

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