Vestido de negro y con las manos en sus bolsillos, el militar en retiro Luis Ati se paró frente a la prensa y lloró sin pudor para pedir justicia por su hija Aida Pamela, subteniente, de 25 años, apenas unas horas después que fuera encontrada muerta en un cuartel de la Amazonía ecuatoriana.

"Fue ultrajada, asesinada y presuntamente violada. ¿En dónde estamos? ¿Con qué militares estamos hablando? ¿Quiénes nos están defendiendo, si ellos nos están matando a nuestras hijas?", dijo entre sollozos tras relatar que la primera información recibida fue que su hija se ahogó mientras dormía, ahogada por el licor ingerido en una fiesta no autorizada la noche anterior.

Este nuevo caso ha reactivado la discusión sobre la necesidad de la depuración de las filas de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, un tema que salió a la palestra también en 2022 tras el femicidio de la abogada María Belén Bernal en la Escuela Superior de la Policía. a manos de su esposo, el agente Germán Cáceres.

"No ha habido esa depuración, a pesar de las múltiples exigencias realizadas. La Policía y las Fuerzas Armadas se han quedado impávidas frente a este tema y frente al de la violencia contra las mujeres, mucho más", dijo a la Agencia Sputnik en Quito la presidenta de la Fundación ALDEA (Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo), Geraldina Guerra.

Las primeras movilizaciones luego del caso de Ati fueron frente al cuartel militar de la Brigada 19 Napo por parte de mujeres de la sociedad civil y defensoras de derechos humanos, quienes reclamaron una investigación transparente ante las sospechas de un nuevo femicidio.

Según la autopsia, la mujer tenía en su cuerpo indicios de violencia, por lo que se presume que habría sido violada, e incluso un botón de su pantalón fue encontrado en el piso, lo que un abogado de los cuatro implicados atribuyó a un gesto para ayudarle a descansar bien.

La psicóloga Nancy Pastuña, de la Fundación Ayllu Huarmicuna y de la Casa de Acogida de Hijos e Hijas Víctimas de la Violencia, dijo a la Agencia Sputnik que todo apunta a un nuevo caso de femicidio y por ello se han organizado para demandar una investigación con transparencia y sanciones para los responsables.

"Nosotras estamos convencidas de que lamentablemente este hecho es un femicidio. (…) Desde el primer momento entramos en ese proceso de análisis por la forma en que la mataron. No solo fue una muerte con asfixia, por estrangulación, sino que tenemos entendido de que habían (en su cuerpo) fracturas, moretones, incluso hay evidencias de violencia sexual", aseveró.

Desde el 1 de enero al 31 de mayo de 2024 se registraron 108 femicidios en Ecuador, según la Fundación ALDEA, que lleva un registro de ese tipo de crimen en el país y ofrece asistencia legal para evitar la impunidad.

CASOS ATI, BERNAL Y MORILLO

Elizabeth Otavalo, madre de Bernal, cuyo caso conmocionó al país, fue de las primeras en pronunciarse desde la red social X para lamentar este "otro femicidio en espacios jerarquizados".

"¿Acaso otra vez van a defender la institucionalidad y prevalecerá el mal llamado espíritu de cuerpo?", cuestionó la mujer desde su cuenta en la red social X.

La presidenta de la Fundación ALDEA criticó en el caso de Ati el hermetismo de las Fuerzas Armadas y dijo que lo primero que debió ocurrir era la disposición de todos los recursos a la familia de la víctima para lograr la impartición de justicia.

"En el caso de María Belén Bernal, en la Policía fue igual y cuando el ministro habló lo que dijo fue: es un error humano, lo que también han querido hacer en el caso de Aidita Ati, y no es un error humano, no hay cuatro implicados, hay 18", confirmó.

Un caso anterior, ocurrido en abril de 2021, fue el de la subteniente María José Morillo, quien pertenecía al mismo cuartel militar de Ati, en la Brigada de Selva Napo 19, sin que todavía se haya avanzado en la investigación.

Morillo habría fallecido ahogada en un río durante un ejercicio militar, pero no se han podido esclarecer las circunstancias del hecho, mientras su familia ha denunciado irregularidades, como la hora en que le fue comunicado el deceso y presiones para que el cuerpo fuera sepultado con premura y no se pusiera la denuncia ante la Fiscalía Provincial de Orellana.

"Los tres (crímenes) ocurren dentro de una institución del Estado que se supone está llamada a la protección y seguridad. Las personas que allí trabajan son agentes del Estado por lo tanto en todos los casos es un delito de Estado", manifestó Guerra.

Pastuña señaló que habría que hacer un análisis de qué está ocurriendo al interior de estas instituciones, si es que los militares creen que esta profesión es solo para hombres y por eso están aplicando violencia y matando a las mujeres que están junto a ellos.

UNA DEPURACIÓN PROFUNDA

La presidenta de la Fundación ALDEA señaló que estos casos ratifican que la depuración de las Fuerzar Armadas y de la Policía de Ecuador tiene que ser "profunda", desde que comienza la formación de sus oficiales.

"No es solamente una acción de depuración sino varias; una es cuando están preparándose para ser policías. Debería haber una especialización en temas de géneros y derechos humanos, que les permita entender los impactos y lo que significa las muertes por violencia de género", afirmó.

Para Guerra es necesario tener en cuenta que van a ejercer su profesión en un país donde seis de cada 10 mujeres ha sido víctima de algún tipo de violencia.

"Este caso de Aidita Ati nos muestra que la estructura de Policía y FFAA están imbuidas de violencia, la cual está naturalizada al extremo que lo que hace es favorecer la impunidad", dijo.

"Esto debe preocupar a un ente del Estado, más aún si es de protección y seguridad porque la violencia contra las mujeres es un asunto de seguridad", afirmó.

En tanto, Pastuña señaló que el ministro de Defensa debería ser interpelado respecto a qué está sucediendo con estas entidades cuando se supone que deben proteger a la sociedad y a las mujeres, pero en lugar de ellos las ultrajan dentro de sus mismas instituciones militares y policiales.

Fuente: Sputnik