La situación de inseguridad en Perú, con una ciudadanía amenazada por mafias de extorsionadores y sicarios, tiene su origen legal en una norma aprobada en agosto por el Congreso y que ha alterado las reglas para frenar al crimen organizado.

De hecho, los paros de transportistas y pequeños comerciantes que se han experimentado en las dos últimas semanas en Lima, tienen entre sus reclamos no sólo una mejor lucha contra las mafias delincuenciales, sino la exigencia de que el Congreso derogue la Ley 32108 sobre el crimen organizado y que los ciudadanos alegan que ha dejado el camino libre para la proliferación de las mafias extorsivas.

Juan José Quispe es abogado penalista del Instituto de Defensa Legal de Perú. En conversación con la Agencia Sputnik explica cómo la nueva norma ha afectado la lucha contra el crimen organizado.

"La nueva norma define una organización criminal como una organización compleja, estructurada, con capacidad operativa, compuesta por tres o más personas, teniendo un carácter estable, permanente. Hasta ahí, la definición está como la norma anterior, pero luego, como novedad, establece que una organización criminal se configura para la comisión de delitos graves sancionados con penas privativas de la libertad mayores de seis años", explica el abogado.

TRUCO LEGAL

El problema con este cambio en la nueva norma, afirma Quispe, es que, en ese espectro de delitos sancionados con penas de cárcel mayores de seis años, quedan fuera del tipo penal de organización criminal ilícitos como la corrupción, la trata de personas, el lavado de activos, la tala ilegal, las extorsiones, el sicariato, entre otros.

En ese sentido, muchas organizaciones dedicadas al sicariato o la extorsión, por ejemplo, ya no calzan con el tipo penal de organización criminal, aún si las autoridades judiciales ven que estas tienen todas las características de uno de estos grupos; por este motivo, la extorsión o el sicariato pasarían a ser tratados como "delitos autónomos", explica el experto.

"En las investigaciones a organizaciones criminales, los plazos son más amplios. Tanto para los pedidos de prisión preventiva como para la investigación preparatoria, pueden llegar a 36 meses y, en algunos casos, hasta el doble. Ahora, con la nueva norma, en el caso de una organización dedicada a la extorsión, esos plazos se reducirían a 18 meses, porque una organización extorsiva ya no se consideraría organización criminal", precisa Quispe.

Por otro lado, la nueva norma indica que para que se configure el tipo penal de organización criminal, esta debe existir "con el fin de obtener, directa o indirectamente, el control de la cadena de valor de una economía o mercado ilegal, para obtener un beneficio económico".

A decir del abogado, esta parte de la nueva ley es "muy ambigua", porque si bien se entiende que una organización criminal busca obtener un beneficio económico, el aspecto de "controlar la cadena de valor de una economía o mercado ilegal" sólo sería aplicable a las cabezas de las mafias y no a todos sus integrantes.

BLINDAJE POLÍTICO

A decir de Quispe, esta ley se aprobó en el Congreso, y luego el Ejecutivo la promulgó, porque hay muchos políticos involucrados en investigaciones relacionadas a organizaciones criminales o que están afrontando juicios como miembros de estas.

En ese sentido, explica que el principio de "retroactividad benigna", es decir, que una ley puede ser retroactiva sólo en los casos en que beneficie al investigado, juzgado o condenado, será algo que con la nueva norma aprovecharán los políticos envueltos en casos judiciales.

"Lo que ha sucedido es que este Congreso ha querido librar a los políticos y sus cómplices de que sean investigados y juzgados como miembros de organizaciones criminales, pero en el camino han beneficiado también a organizaciones criminales dedicadas a la extorsión, con los resultados que estamos viendo", dice Quispe.

Esto es algo que la ciudadanía tiene cada vez más presente, por eso en los paros y las protestas se hace cada vez mayor énfasis en la derogatoria de la norma como un paso importante para que los delincuentes organizados no se sientan a salvo de una justicia que sancione sus delitos con el rigor que amerita.

Fuente: Sputnik