Alberto Fernández aseguró que el proceso está "plagado de arbitrariedades" y ha "violado sistemáticamente un sinfín de derechos constitucionalmente reconocidos". Según el exmandatario, gran parte de los hechos por los que Cristina fue juzgada ya habían sido resueltos con sentencia definitiva en 2010, lo que implica una violación del principio de no juzgar a una persona dos veces por el mismo hecho. Además, denunció que se presentaron "un sinfín de pruebas que ningún tribunal hizo lugar a atender".

Un punto central de su crítica apuntó a la Corte Suprema: Fernández recordó que 14 incidentes y recursos de queja presentados ante la Corte fueron rechazados de plano, argumentando que no eran sentencias definitivas. Advirtió que si la Corte convalida los fallos condenatorios, estaría cometiendo una "nueva arbitrariedad muy grave" al ser una sentencia definitiva que privaría de la posibilidad de apelar a tribunales internacionales.

Fernández reveló que incluso testificó en el juicio mientras era presidente para explicar cómo funciona la adjudicación de obra pública a nivel nacional, que se resuelve por decisión del Congreso en cada Ley de Presupuesto, no por el Presidente. Concluyó que "estamos en vísperas de que sea condenada una persona inocente", lo que "repudia los principios del estado de derecho y de la República". 

Alertó que avalar esta situación crea una jurisprudencia que "el día de mañana se va a volver contra cualquiera de nosotros". El expresidente sostuvo que la justicia se ha convertido en un "mecanismo para acallar opositores", un fenómeno que, si bien es global, ocurre en Argentina. Aunque evitó especular sobre si el objetivo es proscribir a Cristina Kirchner, se centró en cuestionar "cómo está funcionando la justicia". 

Señaló que, objetivamente, si Cristina es condenada, podría considerarse una "presa política" debido a las irregularidades de un proceso que "cobró vida después de dormir durante muchos años" en la era de Mauricio Macri.