El juzgado Criminal y Correccional Federal le solicitó a la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que "adecue la actuación de las fuerzas policiales y de seguridad federales a los límites impuestos" por la Constitución Nacional y los estándares internacionales de protección de los derechos humanos.Esto surgió en medio del debate por los altos costos de los operativos. En total, se estima que los gastos superan los $100.000.000 y no hay respuesta por parte del gobierno nacional. "Si los manifestantes no pueden pagar, que paguen con sus bienes", había manifestado la representante del PRO.