San Miguel: muri贸 electrocutado mientras pintaba postes para el municipio y denuncian que estaba precarizado
Joaqu铆n Ortega ten铆a 19 a帽os. Su familia asegur贸 que el Municipio de San Miguel lo contrat贸 a trav茅s de una "empresa fantasma" que no le dio guantes ni botas de seguridad. El fuerte reclamo de justicia que apunta a la gesti贸n de Jaime M茅ndez.
La muerte de Joaqu铆n Ortega, ocurrida mientras pintaba postes de luz en el Municipio de San Miguel, administrado por Jaime M茅ndez, abri贸 un complejo frente judicial y pol铆tico. El caso, que volvi贸 a cobrar relevancia tras el testimonio de sus familiares en Cr贸nica TV, puso el foco en las condiciones de contrataci贸n y seguridad de las cuadrillas que realizan servicios p煤blicos en el distrito.
Seg煤n el relato de su madre y su hermano, el pasado 10 de mayo Joaqu铆n se encontraba trabajando para la firma GE Group. Durante la jornada, una descarga el茅ctrica termin贸 con su vida y afect贸 a otros compa帽eros. La principal denuncia de los allegados radica en la ausencia de medidas m铆nimas de seguridad: aseguraron que los trabajadores no contaban con guantes aislantes ni calzado de goma reglamentario para tareas de riesgo el茅ctrico.
Una empresa bajo la lupa
La investigaci贸n judicial busca determinar la validez de la empresa contratada por el municipio. La familia de la v铆ctima defini贸 a GE Group como una "empresa fantasma", alegando que la fiscal铆a no pudo encontrar un domicilio f铆sico legal para la firma.
Adem谩s, el entorno de Ortega se帽al贸 que la adjudicaci贸n de estas tareas de mantenimiento podr铆a estar vinculada a relaciones de "amiguismo" entre los propietarios de la empresa y las autoridades municipales, lo que habr铆a relajado los controles necesarios sobre la idoneidad de la contratista.
El reclamo de la familia
A casi un a帽o del suceso, la causa cuenta con dos imputados: An铆bal Sid谩n y Agust铆n Brondo, responsables de la coordinaci贸n del personal. Sin embargo, la familia insisti贸 en que la responsabilidad escala hasta la gesti贸n del intendente Jaime M茅ndez, a quien le cuestionaron no haber garantizado que los subcontratistas mantuvieran al personal en regla y con el equipamiento correspondiente.
"No buscamos un resarcimiento econ贸mico, buscamos justicia por Joaqu铆n", aclararon sus familiares al recordar una reuni贸n con autoridades locales donde sintieron que no se dimensionaba la gravedad del pedido.
Situaci贸n actual
Mientras la justicia avanza en la recolecci贸n de pruebas y peritajes, el caso gener贸 un fuerte llamado de atenci贸n sobre la precarizaci贸n en la obra p煤blica. El pedido de los damnificados es claro: que se garantice la transparencia en las licitaciones y que las empresas prestatarias cumplan estrictamente con las normas de seguridad para evitar que las tareas de mantenimiento urbano vuelvan a transformarse en tragedias.