E n 24 días se pone en marcha la reanudación de clases presenciales en dos jurisdicciones del país: la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Jujuy. La coincidencia es doble. Ambos territorios son gobernados por la oposición (el PRO en el caso porteño, el radicalismo en el norte), y las dos jurisdicciones fueron las promotoras el año pasado de la revinculación temprana. Jujuy planteó el regreso en julio, aunque dio marcha atrás por un rebrote en los casos, y la cartera porteña comunicó en un lejano 28 de agosto que se abrían las escuelas, aunque el proceso no tuvo una gran compañía en la comunidad educativa.

Hoy el panorama es distinto, pero no por ello menos claro. Y en esa incertidumbre la puja funcionarios-gremios cuenta tantos capítulos como días. "Es criminal", fue la respuesta de Jorge Adaro (Ademys) tras la ratificación del 17 de febrero como inicio del ciclo lectivo en la ciudad. Desde UTE, el gremio docente mayoritario, fueron más complacientes: presencialidad con vacuna.

Con el anuncio en detalle de Larreta, los maestros observaron puntos en blanco en el protocolo: las condiciones de las escuelas; las ventilaciones en las aulas; el cumplimiento de las burbujas; el transporte; el accionar en casos positivos o sospechosos. Por eso el grito en el cielo a menos de un mes del inicio.

Pero la política hoy les va a contramano. El propio Alberto Fernández, quien fijó como prioridad el regreso a las escuelas en el 2021, cambió su postura tras un 2020 caracterizado por las pantallas, la conexión y la desvinculación de miles. Y también Nicolás Trotta tuvo un giro en su discurso. La reunión del martes con los impulsores de la campaña #AlasAulas un ejemplo.

La mirada en las casas ya no es la misma que seis meses atrás. Eso va de la mano con distintas organizaciones como la Unesco y Unicef. En el medio, 11.500.641 de guardapolvos (según el registro del 2019) esperan una definición.