El juez federal Julián Ercolini dispuso que Diego Lagomarsino, el perito informático que quedó involucrado en la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman, deje de usar la tobillera electrónica que controla sus movimientos, informaron fuentes judiciales.

El magistrado consideró que Lagomarsino cumplió con todas las disposiciones que estableció la justicia sobre el uso de ese instrumento de geolocalización individual, en una resolución a la que accedió la agencia de noticias Télam.

El pedido para el retiro de la tobillera fue efectuado por el abogado de Lagomarsino, Gabriel Palmeiro, quien señaló que la llevaba desde 2017, lapso que superaba el límite de dos años de duración que pueden tener las medidas de coerción procesal de carácter cautelar, más la prórroga que suele concederse para casos particularmente complejos.

Al fundamentar su decisión, el magistrado señaló que Lagomarsino “se mantuvo a derecho”, al cumplir con todos las imposiciones de la Justicia, permaneció dentro del límite de los 100 kilómetros restrictivos para su desplazamiento y colaboró con la correcta utilización de la tobillera, que se le colocó en noviembre de 2017, y también para asegurar su correcto funcionamiento.

Ercolini, quien está a cargo del juzgado federal número 10, consideró además que no hubo oposición al pedido de la defensa por parte del fiscal Eduardo Taiano, a cargo de la investigación ni del abogado Pablo Lanusse, patrocinante de la madre de Nisman en la causa, aunque ambos se pronunciaron por reemplazar la tobillera por otra, de menor impacto para la vida cotidiana del procesado.

Las otras prohibiciones que pesan sobre Lagomarsino

No obstante, Lagomarsino deberá cumplir con otras medidas, como la prohibición de salida del país y de expedirse pasaporte a su nombre; de alejarse de su domicilio por más de 24 horas sin aviso; la obligación de avisar acerca de cambios de domicilio de residencia, y de presentarse ante el tribunal cada 15 días, hoy suspendida pero que se retomará una vez que finalice la cuarentena.

El juez indicó en su resolución que “las medidas de sujeción en ciernes junto con la custodia personal aparecen como suficientes a fin de asegurar la finalidad de sometimiento al proceso procurada”, en un marco "más adecuado al contexto personal, familiar, laboral y psicofísico actual del imputado y, por otro lado, menos lesivo a su respecto, ello, de acuerdo a las explicaciones de afectación a sus derechos por él brindadas”.

El fiscal Nisman fue encontrado muerto de un disparo en la cabeza el 18 de enero de 2015 en el baño de su departamento situado en Puerto Madero.

Poco después entró en escena el informático Lagomarsino, quien dijo haberle entregado al fiscal la pistola de la cual salió el disparo que le causó la muerte al investigador especial del atentado contra la AMIA.