Tras el reciente cierre de diez sanatorios privados en el conurbano bonaerense y el notable desgaste de otros tantos que permanecen al borde de la quiebra, comenzaron a generarse dudas en el sector sobre si el gobierno pretende realizar una "estatización silenciosa". 

En diálogo con Crónica, la presidenta de la Cámara Argentina de Prestadores de la Seguridad Social (Capress) Teresita Ithurburu, señaló que "no se entiende hacia dónde apunta esta política, ¿estatizar todas las clínicas privadas? Es lo que algunos dicen que se está buscando". En ese sentido, aseguró que "la situación  es muy compleja, no veo que haya real conciencia de lo que estamos atravesando en el sistema prestacional". 

Según datos de la Cámara Argentina de Prestadores del Conurbano (Capresco), desde marzo del año pasado hasta la actualidad cerraron diez sanatorios o clínicas privadas en el Área Metropolitana de la provincia de Buenos Aires (AMBA).  Los mismos son centros que no se financian, como sus pares porteños, a través de prepagas como Swiss Medical, OSDE, Omint o Galeno, sino con las obras sociales grandes: el PAMI, IOMA u Osecac.

De acuerdo a lo recabado por este medio, en el último año se dejó de atender en La Clínica Sagrado Corazón, de Hurlingham; el Sanatorio Mariano Pelliza, de Munro; el Centro de Salud Norte, de Villa Adelina; la Clínica Privada San Andrés, de Caseros; la Clínica Brandsen, de Quilmes; el Sanatorio Plaza, de Escobar; la Clínica Los Almendros, de Don Torcuato, o el Sanatorio San Miguel, de San Miguel, que llegó a estar tomado por los empleados. Cabe destacar que algunos pudieron ser rescatados después de cerrar. Por ejemplo, a la Clínica Nueva Comahue la tomó IOMA y a la Clínica San Carlos, de Escobar, el propio municipio.

El momento es caótico: el porcentaje de unidades de terapia intensiva destinadas a la atención del Covid-19 se redujo entre 20% y 30% respecto al 2020 por decisión de los propios centros salud por un motivo económico ya casi no tienen ingresos, están en medio de una paritaria irresuelta y con empleados reclamando en los sanatorios por mejoras salariales, porque la Superintendencia de Servicios de Salud autorizó a las prepagas aumentos de apenas el 13,5% desde diciembre frente a costos que, dicen, superan el 50%. 

Consultada sobre la presunta estatización, Ithurburu argumentó: "Conociendo la realidad prestacional de PAMI, es inviable y realmente pone en jaque su presupuesto si es que fuera esa la decisión. Nosotros como Cámara lo que estamos buscando es realmente una actitud reflectiva por parte de los financiadores y en la que podamos sumar la mirada de los prestadores con su experiencia, pero también con la conciencia de que es necesario mejorar el sistema. Que todos los prestadores tengan acceso a poner en práctica la mejor atención, la más segura y de calidad que corren en estos tiempos". 

Por otro lado, explicó que "si bien el gobierno ha hecho muchos esfuerzos para sostener a los prestadores de salud a través de distintos mecanismos como el REPRO o el ATP, eso no alcanza si no se llega a soluciones de fondo que están a cargo de aquellos que financian a los prestadores". Además aclaró que "es sorprendente que un modelo de desfinanciamiento y vaciamiento prestacional que se estableció con las autoridades anteriores, haya sido profundizado por la gestión actual del PAMI".  

"Sin poner en peligro el presupuesto del PAMI. Esa obra social debería poner en marcha un programa de fortalecimiento de sus prestadores y mejorar los alcances para la atención del Covid y el post Covid; como de continuidad de atención de las enfermedades crónicas. La capress está dispuesta a colaborar en todo lo que sea mejorar la atención conforme las necesidades que hoy tienen los pacientes de pami y las demás obras sociales", dijo. 

"Cada uno tiene que tomar en cuenta la incidencia de sus decisiones,  y en el caso particular la incidencia de las decisiones de PAMI, de no aumentar durante todo el 2020 a los prestadores, trae estas consencuencias y esto derrama en todo el sistema de salud. Porque quienes no se atienden en estas clínicas, van a ir a otra, inevitablemente, y entonces el problema no es de un sector en particular sino de todo el sector de salud", destacó y continuó: "Todos los días nos llegan noticias de prestadores que están en peligro de cierre".

Por último, Ithurburu precisó estar transitando la mayor de las angustias por la situación que les toca vivir. " En el medio de todo esto está los trabajadores, los prestadores y también los afialiados de las obras sociales,  padecemos la mayor de las angustias por el momento que estamos padeciendo. Es contradictorio que el gobierno nacional haga esfuerzos para sostener el sistema, y el responsable directo que es el PAMI, no llegue a hacer los esfuerzos necesarios para ponerse a la altura de las circunstancias. No aumentaron durante todo el 2020, con un incremento de costo que supera el 50% como mínimo". 

"Las clínicas son pymes, los prestadores privados son aquellos que están próximos a los afiliados de la seguridad social  y en la mayoría de los casos, son pymes  y son empresas de mano de obra intensiva", cerró.