A primera hora de este lunes un decidió que se deberá cumplir con el decreto de necesidad y urgencia que suspende las clases presenciales. El magistrado federal Subrogante de San Martín, Oscar Papavero rechazó la medida cautelar para que los estudiantes sigan bajo la modalidad presencial.

La medida, que aplica a la ciudad de Vicente López, se conoció minutos después de que comenzara a regir el decreto 241 que suspende en el AMBA las clases presenciales hasta el próximo 30 de abril. El gobierno nacional anunció la medida el jueves pasado, a partir del aumento de casos de coronavirus, para evitar la crisis sanitaria por la segunda ola y la presencia de nuevas cepas.

 

“Los actos administrativos gozan de presunción de legitimidad. En este sentido, el Alto Tribunal destaco que la suspensión precautoria no procede, en principio, respecto de actos administrativos o legislativos habida cuenta la presunción de validez que ostentan”, escribió en su fallo Papavero, en referencia a la definición de la Corte Suprema para dictar una medida cautelar.

"Los elementos de juicio arrimados al legajo resultan insuficientes “per se” para justificar la pretensión cautelar con el mínimo grado de verosimilitud exigible, ni aun en el orden precautelar, en la medida en que no desvirtúan la presunción de legitimidad a la que aludiera en párrafos precedentes”, agregó el funcionario judicial, que además se declaró incompetente para seguir con la causa. 

Papavero detalló que un amparo y una medida cautelar se aplican a acciones judiciales de rápida resolución, donde no siempre se tiene los elementos necesarios. “Se carece asimismo de la información y documentación con que contara el Presidente de la Nación y su equipo para adoptar la decisión de suspender la presencialidad en la actividad escolar (conf. dec. Nac. 241/21); tampoco están los antecedentes en que se sustenta la adhesión del Gobernador de la Provincia respecto de tal decisión, por encontrarla “razonable y proporcionada”, ni aquellos que hacen a la determinación de los territorios afectados y las distintas “fases” en que se encuentran”, dice la resolución a la que tuvo acceso Crónica.com.ar.

 

“Esta incerteza solo es superable mediante la producción de prueba, lo que imposibilita un pronunciamiento inmediato frente a la obligación de remitir lo actuado al juez competente”, expresó y luego concluyó: "la demanda no debe ser contra el estado nacional, sino exclusivamente contra la Provincia de Buenos Aires”, por lo que declaró la incompetencia de la justicia federal.