En las últimas horas, se realizó una denuncia ante la Inspección General de Justicia la que tramita bajo el expediente N° 3.113.141, contra CAME por la administración, distribución irregular y desvío de fondos del INACAP (Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio), por la suma de 353 millones de pesos que el citado organismo habría efectuado a Federaciones y Cámaras asociadas a CAME, pero cuya asignación se habría realizado en forma absolutamente irregular.

CAME agrupa a 1500 Federaciones, Cámaras, Centros y uniones comerciales de todo el país, que comprenden más de 600.000 Pymes. En ese marco el Consejo Directivo de la entidad debe distribuir los fondos recibidos por el INACAP, para el fortalecimiento y capacitación de las entidades asociadas. Dicho Consejo Directivo está compuesto por noventa consejeros, que conforman la autoridad suprema de la CAME y debe tomar todas las decisiones que conciernan a la entidad.

Sin embargo, conforme consta en la denuncia, dichos fondos fueron distribuidos de manera irregular por al menos cinco de sus integrantes, de los que participaron su Presidente, Gerardo Díaz Beltrán, el ex Secretario General, José Bereciartúa, el Secretario de Hacienda José Luis Valdez, el Vicepresidente 2°, Ricardo Diab y el ex Secretario de Capacitación, Edgardo Martín Trubycz. Estas cinco personas, a espaldas y sin el consentimiento del Consejo Directivo manejaron arbitrariamente una suma millonaria del orden de los 400 millones de pesos durante el ejercicio 2019.

La denuncia expresa que es exclusivamente el Consejo Directivo de CAME quien resuelve todo lo inherente al manejo y disposición de los fondos del INACAP, relativo a la capacitación y fortalecimiento de las entidades asociadas. Por lo tanto, resulta un hecho absolutamente irregular, que sólo una “cúpula” de cinco de sus miembros hayan dispuesto de dicha suma, violando no solamente el Estatuto Social de CAME, sino además la Resolución 600/2008, del Ministerio de Trabajo de la Nación que regula la distribución de fondos del INCAP, donde se establece que los mismos serán destinados a los fines enunciados por el Directorio del INACAP en su primera reunión.

Asimismo, se plantea una batería de medidas probatorias, solicitando una profunda investigación de tal ilícito proceder, pues todo indica que tales fondos eran asignados en mayor proporción a las entidades que respaldan políticamente a los denunciados para poder mantenerse en sus cargos, operando así como una maniobra destinada a obtener favores políticos. A su vez señala la denuncia, que tal proceder obedece a un procedimiento de “disciplinar con la chequera” y así obtener un beneficio económico, político y gremial por las personas denunciadas, todo esto a espaldas del Consejo Directivo. Esta situación los sitúa frente a posibles casos de corrupción en el manejo y administración de los fondos del INACAP y ante maniobras que desvirtúan por completo el objeto social de la entidad, según versa en la denuncia.

Por último, formulan expresa reserva de efectuar la pertinente denuncia penal frente a la posibilidad de incurrir los denunciados en el delito de defraudación, por malversación de fondos de conformidad a los normado por el artículo 173, inciso 7 del Código Penal.