Por Damián Juárez
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El Gobierno nacional oficializó el sábado el decreto que congela las tarifas de telefonía fija y móvil, Internet y TV por cable hasta fin de año, a la vez que declara estos servicios como esenciales. La noticia, tal como ocurriera con la reforma judicial, generó durante las últimas horas múltiples opiniones: apoyos desde el oficialismo, críticas opositoras y sorpresa por parte de las empresas prestatarias de estos servicios.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguró: "Cumplimos con el compromiso de terminar con la lógica de los tarifazos y avanzar en garantizar el acceso a los servicios para todas y todos".

"Esta valiente decisión de Alberto Fernández es en beneficio de todas y todos los argentinos", sostuvo por su parte el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien dijo que la medida servirá para "la construcción del desarrollo económico con justicia social".

 

Se sumaron a los elogios a la medida oficial los ministros de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y de Defensa, Agustín Rossi. Arroyo calificó que "el acceso a datos es sinónimo de igualdad". En tanto, Rossi manifestó que es una "decisión importantísima, sobre todo en un momento en que toda la comunicación virtual es imprescindible en el marco de la pandemia del coronavirus".

Del lado de los intendentes, Juan Zabaleta, de Hurlingham, indicó que lo dispuesto busca "aliviar el bolsillo de la gente", mientras que, desde Quilmes, Mayra Mendoza aseguró que "hay un Estado que se preocupa y vuelve a poner en el centro a las personas".

 

En el ámbito gremial, el titular de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, consideró que es una medida "para el lado del pueblo, que garantiza inclusión y derechos". A su vez, la diputada Fernanda Vallejos aseguró, en tanto, que el decreto recupera el espíritu de una ley sancionada en 2014, luego modificada por Mauricio Macri, que establecía a los servicios de tecnología y comunicaciones como esenciales.

Críticas y sorpresa por el DNU de las telecomunicaciones

Desde la oposición, la titular del PRO, Patricia Bullrich, indicó: "No se trata de una política pública errónea, sino de una visión que tiene la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, respaldada en el modelo venezolano. Esa visión ahora también es compartida por Alberto Fernández".

En tanto, el jefe del bloque de senadores nacionales del PRO, Humberto Schiavoni, opinó que "es grave que se intervenga en un sector esencial que venía funcionando bien". Y agregó: "No leí el DNU, pero lo que termina pasando en estas situaciones es que el servicio no se presta o se presta en forma deficiente".

El dirigente Federico Pinedo consideró que "la estatización de servicios de comunicación viola tratados internacionales y condenaría a la Argentina a no poder salir de la crisis; 'servicio público' en derecho significa servicios de titularidad estatal".

También llegó una crítica desde Brasil. El hijo del presidente Jair Bolsonaro, el diputado Eduardo Bolsonaro, afirmó que "la Argentina de Fernández y Kirchner está tomando medidas semejantes a las de Venezuela de Chávez y Maduro".

 

Las empresas, que venían negociando tarifas con el Enacom, el ente estatal a cargo de las telecomunicaciones, mostraron su sorpresa. Algunas se enteraron por las redes sociales, y uno de los prestadores, Telefónica, calificó lo ocurrido como "un error y un retroceso para la industria y el país".

La mayoría de las empresas optaron por la cautela y esperarán a ver cómo se reglamenta el decreto y su alcance real, aunque por lo bajo advierten sobre una merma en las futuras inversiones en el sector.

Desde el Enacom, su titular, Claudio Ambrosini, indicó que "no es contra Clarín ni Telefónica ni Claro ni Cablevisión". Y añadió: "No me meto en la economía de las empresas, pero les planteamos que el aumento era demasiado y se propuso que el próximo sea el año que viene. Y no pasó. Por eso el gobierno tomó esta medida, que acompaño".

El número dos del organismo, Gustavo López, consideró que "tocamos intereses económicos, pero estos tienen que ver con una tasa de ganancia no controlada". Acotó que "vamos a contemplar que ganen plata, que hagan inversiones, que tengan tasa de retorno, pero acá estamos cuidando a la gente".

En concreto, de aquí hasta fin de año no se aplicarán nuevos aumentos ni en telefonía ni en cable ni en servicios de Internet, y regirán las subas que estaban vigentes al 31 de julio pasado, por lo cual quedan sin efectos incrementos anunciados durante el corriente mes.