Una impresionante suma de dinero que había sido incautada a un ciudadano boliviano en 2008 en una causa por lavado de activos será destinada a dos centros de salud para la compra de insumos y herramientas para el diagnóstico de coronavirus, según una resolución de la Cámara Federal de La Plata. La sala II de ese tribunal rechazó un recurso de apelación interpuesto por la defensa y, de esa manera, dejó firme una resolución que dispuso el decomiso con fines sociales de 503.114 dólares que habían sido secuestrados en el marco de una investigación por lavado de dinero.

La noticia se dio a conocer a través de un comunicado en la web institucional fiscales.gob.ar, en el que se informa que la mayor parte del dinero será otorgado a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), mientras que 25.000 dólares serán destinados a la Asociación Cooperadora del Hospital Muñiz.

El medio millón de dólares fue incautado en agosto de 2008, cuando la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvo a un ciudadano boliviano que estaba a punto de tomar un vuelo desde el Aeropuerto de Ezeiza con destino a la ciudad de Santa Cruz, en Bolivia, con un bolso que en su interior contenía esa suma de dinero. En ese momento, el imputado aseguró que el monto pertenecía a un préstamo que una firma comercial hizo a la empresa Aerosur, para la cual trabajaba. Sin embargo, los dólares fueron incautados y el hombre fue imputado en una causa por lavado de activos aunque no fue juzgado.

La resolución del tribunal platense ratificó la decisión que había adoptado el Juzgado Federal 1 de Lomas de Zamora el 15 de abril de 2020 en los términos del artículo 305 del Código Penal. Así se dispuso que “de manera definitiva y con fines sociales reparatorios”, se transfiera la mayor parte del dinero a la Facultad de Medicina de la UBA, “a fin de que adquiera los kits reactivos, insumos y/o equipamientos que resulten necesarios para colaborar en la extensión del diagnóstico de la infección por Covid-19, siendo ésta una tarea fundamental para el control efectivo de la pandemia de acuerdo a la OMS”. El juzgado se basó en los argumentos del Ministerio Público Fiscal y expresó al respecto que “resulta forzoso concluir que, además de haber sido retenido en el marco de una investigación por el delito de lavado de activos, el dinero secuestrado [...] carece de dueño o, cuanto menos, se trata de un bien de dueño desconocido, por lo que, al haber sido aprehendido por el Estado Nacional, es éste quien tiene la potestad exclusiva para disponer de él y otorgarle la finalidad social que estime pertinente”.