El gobierno de Santa Fe apeló formalmente la resolución de un juez de Rosario que prohibió la pesca comercial y deportiva en todo el curso del río Paraná en la provincia hasta el 31 de marzo próximo, y que generó protestas de los pescadores.

Fuentes oficiales consignaron que la presentación fue realizada por la Fiscalía de Estado a raíz de lo dispuesto por el juez en lo Civil y Comercial Luciano Carbajo y, ahora, será la Cámara de Feria de Rosario la encargada de resolver el planteo.

Fuentes del Gobierno provincial dijeron que, tras la presentación del Fiscal de Estado, Rubén Weder, la jueza Mónica Klebcar habilitó la feria para el expediente, que llegará a los despachos de los jueces de Cámara Edgar Baracat, Angel Angelides y Guillermo Llaudet Maza.

Los voceros señalaron que la concesión del recurso de apelación implica además la suspensión del fallo hasta tanto se expida la Cámara.

El Gobierno de Omar Perotti adelantó que, a lo largo de la semana, se completará la presentación formal, que busca unificar un proceso regional de veda parcial para la pesca comercial y la habilitación de la pesca deportiva con devolución.

Para el Gobierno santafesino, la medida del juez Carbajo "establece la veda total sin evaluar consecuencias sociales y económicas", que no fueron consideradas "siquiera tangencialmente en su resolución".

"Carece de sentido la veda total de la pesca deportiva, puesto que a los fines de la conservación del recurso era suficiente disponer la obligatoriedad de la devolución como lo indica la ley", indica la presentación de la provincia.

Por otra parte, el Ejecutivo provincial criticó la medida porque establece veda “en aguas del río Paraná”, lo que debería entenderse como limitada al cauce principal de dicho río, quedando fuera de la zona vedada arroyos, lagunas y otros ríos de la cuenca del Paraná.

"A los fines de la protección de los recursos pesqueros, tratándose el río Paraná de un recurso compartido con otras provincias, resulta incongruente que éstas puedan seguir pescando sin las restricciones impuestas por la sentencia en análisis, lo que además implica un trato desigual violatorio del principio de igualdad", añade el texto.

Además, concluye que "el Gobierno de Santa Fe se encuentra trabajando en este proceso de respuesta a la Justicia y, a la vez, evaluando las posibles medidas a implementar a fin de sostener el desarrollo de este sector productivo".