De las violencias contra las mujeres la física, la psicológica y la sexual parecen ser las más comunes,  pero hay otro tipo de violencia que está entre las más habituales, al menos en Argentina: la económica o patrimonial. Si bien está contemplada por la ley 26.485 de protección integral de las mujeres, poco se habla de ella. Desde la brecha salarial hasta el no pago de la cuota de alimentos, esta violencia devela el poder silencioso del hombre sobre la mujer a través del dinero. 

El control, la manipulación, son algunos de los ejes de este tipo de violencia que se puede producir en su mayoría en la relación de pareja. Si bien se manifiesta y se naturaliza en el ámbito laboral como en el de una relación, muchas veces se pone en evidencia en el marco de una disputa legal.  Es el poder sobre la libertad de la mujer,  que se ejerce a través del dinero, lo que hace que sea violentada. Una forma de machismo que la limita en su independencia y que se instrumentaliza económicamente en beneficio del hombre y en desmedro del bienestar de la mujer.

"La violencia económica es la afectación al patrimonio o a los bienes de las mujeres", explicó a cronica.com.ar Sabrina Cartabia, abogada y feminista, y agregó: "No es díficil probarlo, lo que sucede es que todavía no hay suficiente desarrollo de la conciencia legal de la existencia del derecho,  que tiene que impregnar las conciencias y las prácticas para que haya un real ejercicio de ese derecho. En la brecha que hay entre el ejercicio del derecho y lo que dicen los libros, justamente ahí  es donde se dan las violaciones de los derechos". 

Según Cartabia, el no pago de las obligaciones alimentarias, la retención del sueldo de muchas mujeres que no tienen acceso a su tarjeta de cobro y que están en poder de sus maridos, que son quienes gestionan sus sueldos, como también romper los bienes de las mujeres o el ocultamiento de bienes dentro de la sociedad conyugal para después no rendirlos en los casos de divorcio, son algunos de los ejemplos en los que se ejerce este tipo de violencia. Aunque en la Argentina,  el no pago de las obligaciones alimentarias, es la forma más habitual.

"La violencia económica es la afectación al patrimonio o a los bienes de las mujeres"

"En esos casos las mujeres terminan quedando solas o con cuotas muy bajas, sobre todo en un país donde el 40% de la población trabaja de forma no registrada", explicó la abogada, quien aseguró que la primera pregunta que le hace a una consultante que se acerca a ella por una situación vinculada a los alimentos,  es si su pareja tiene empleo registrado. "Si no tiene es muy difícil probarle ingresos y ejecutarle algo", alertó. 

"Muchos varones eligen no tener empleo registrado para no hacer frente a sus obligaciones de alimentos porque ellos saben que va a ser muy difícil para la mujer poder solicitar que se cumpla con lo que se debe", profundizó Cartabia.

Hecha la ley para la mujer, hecha la trampa por el hombre

Según la abogada, estrategias como no tener trabajo registrado o cómo esconder los bienes para no rendirlos en la sociedad conyugal, son algo habitual en estos casos.  "Es muy común que las mujeres no tengan ni idea de los movimientos de esa sociedad conyugal. Entonces no se puede poner en juego eso a la hora de una división de bienes o incluso pedir una compensación económica como establece nuestro Código Civil", concluyó Cartabia.

"Muchos varones eligen no tener empleo registrado para no hacer frente a sus obligaciones de alimentos"

Desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, aseguraron que de las mujeres en situación de violencia doméstica que se acercan a los ámbitos de atención y asistencia, aparecen varios indicadores de violencia económica, como las limitaciones en el manejo del dinero, la imposibilidad o limitaciones a la hora de ir a trabajar y en relación al crecimiento profesional, la exclusión en la definiciones financieras del hogar, la retención de ingresos, la falta de pago de la cuota alimentaria o el ocultamiento de bienes y posesiones, entre otros. 

"También hay indicadores que permiten medir manifestaciones de la violencia económica a nivel estructural como la brecha salarial, que la ley 26.485 entiende como una forma de violencia económica. Esta brecha salarial que entre hombres y mujeres es de alrededor del 20% a nivel mundial, en Argentina alcanza en promedio al 26%", explicaron desde el ministerio. 

La violencia económica y patrimonial, según explicaron fuentes de la cartera, es un tipo de violencia por razones de género que "siempre existió" y que, como todos los tipos de violencia, atraviesa todos los sectores socioeconómicos. Sin embargo,  "los contextos de crisis económica recrudecen todas las situaciones de violencia hacia las mujeres y personas LGBTI+ y dificultan las posibilidades de las víctimas de lograr su autonomía", por lo que aseguraron que "generar autonomía económica, es mucho más difícil en contextos de crisis" como el que está atravesando desde hace años la sociedad argentina. 

Un plan integral contra las violencias,  "que contemple todos los tipos y modalidades de violencias",  y que "no sólo se limiten a las que tienen lugar en el ámbito de lo doméstico", sería lo que el Estado debería hacer en función de proteger a la mujer,  según dijeron desde el ministerio. Y al mismo tiempo, "habría que considerar cómo las violencias afectan de manera diferencial a algunos colectivos".

"La brecha salarial que entre hombres y mujeres es del 20% a nivel mundial, en Argentina alcanza en promedio al 26%"

"Se deben diseñar transversalmente políticas que fomenten el acceso igualitario de las mujeres y personas LGBTI+ al empleo, a la formación, a los lugares de decisión. Hay que implementar políticas que permitan reducir la brecha salarial, las desigualdades en materia de acceso al empleo y la redistribución de las tareas de cuidado, entre otras cuestiones", aseguraron. 

Como forma de "prevenir, sancionar, y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales" como dicta la ley, desde el ministerio de las mujeres están trabajando en una "política de abordaje integral". En específico a lo que se refiere a la violencia económica o patrimonial, están desarrollando una "línea específica" que estará destinada a "promover y garantizar los derechos económicos y condiciones igualitarias en los espacios de trabajo para que las mujeres estén libres de violencia y discriminación".

Desde el área de Gestión de la información, que tendrá entre sus objetivos la producción de datos estadísticos y la elaboración de informes, funcionará el Observatorio de las violencias y desigualdades por razones de género, que publicará documentos específicos para "contribuir al diseño de políticas públicas" basadas en la información e "impulsar la agenda pública y política" al respecto de estos temas, aseguraron. 

"Se deben diseñar transversalmente políticas que fomenten el acceso igualitario de las mujeres y personas LGBTI+ al empleo, a la formación, a los lugares de decisión"

Asimismo, están desarrollando el diseño de campañas de comunicación para "garantizar el derecho de todas las personas a estar informadas" y así "promover el cambio cultural necesario que debe acompañar todo este proceso", expresaron desde el ministerio. 

La violencia económica es una forma de violencia de la que poco se habla pero que pone en evidencia el poder del patriarcado tanto puertas adentro de un hogar como por fuera. Una de las tantas formas de control, poder y dominación del hombre por sobre la mujer que pretende dejar sin herramientas a la víctima y privarla de su autonomía personal y libertad psíquica.