La justicia federal de la ciudad fueguina de Río Grande, con jurisdicción sobre las Islas Malvinas, rechazó un recurso de amparo colectivo que buscaba frenar la adjudicación de áreas hidrocarburíferas a empresas de origen británico en la zona del archipiélago. La presentación, realizada por el propio intendente de Río Grande, Gustavo Melella, había sido acompañada por gremios y partidos políticos, y solicitaba la declaración de “inconstitucionalidad” del decreto nacional 872/18 que instruyó a la Secretaría de Energía a convocar al concurso público internacional por el que finalmente se adjudicaron 18 áreas para la exploración de gas y petróleo en la cuenca de Malvinas.

La demanda también incluía un pedido de medida cautelar por la supuesta ausencia de estudios de impacto ambiental sobre la actividad a desarrollar, entre otros.