La audiencia en la que este jueves debía declarar una de las directivas del Colegio Lincoln de La Plata, en la causa por la muerte de Lucas Lin, quien murió ahogado en la colonia de vacaciones, fue postergada por pedido de su defensa, y la familia del nene pidió la intervención al gobierno chino para agilizar la causa.

"Este jueves había audiencia pero quien tenía que venir, la accionista Roxana Costa, sufrió una entradera el lunes pasado muy violenta y pidió la prórroga, así que hoy designaremos nueva fecha para la declaración", dijo al ser consultada la fiscal Cecilia Corfield, titular de la UFI 15 que sigue la causa. 

Corfield imputó por "homicidio culposo" a Roxana Costa, y también al encargado de la colonia, Marcos Ehcaniz; al director Osvaldo Ramos, que deberá declarar el 15 de julio, al propietario Rubén Moreal y a la representante legal y accionista del Colegio Lincoln, Mónica Carteruccio.

La audiencia se iba a realizar esta mañana, luego de que se rechazara el pedido de inhibir bienes y la prohibición de salir del país de los directivos, presentado por la defensa de la familia Lin. 

Los abogados Andrea Reynoso y Matías Pietra Sanz también habían pedido que se clausure el predio de la colonia en el que murió Lin, de 8 años, para que avance la investigación de los funcionarios municipales, también imputados, que habilitaron el predio de la calle 518 entre 136 y 137.

Al ser consultado sobre la intervención del gobierno chino, Pietra Sanz dijo que lo pidieron "para ver qué se puede hacer, porque entendemos que Corfield está dándole mucha chance a esta gente". "Para que la justicia argentina cumpla, ya que parece que hay una justicia para unos y justicia para otros", agregó. 

"No pedimos embargo de cuentas, el colegio podría seguir funcionando con total normalidad, el tema es que no puedan dilapidar los activos o las propiedades"

Además de los directivos, los inspectores platenses Myriam Salinas, Diego de Luca, María Daniela Tost Teruggi, y Fernando Parodi, fueron imputados por "incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica de documento público" y deberán declarar frente a la fiscal el próximo 18 de julio.

Para Pietra Sanz, la fiscal debería haber pedido la clausura del campo de deportes ya que "si se imputa a cuatro funcionarios públicos y no se pide la clausura del predio no se entiende". 

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"Corfield podría haber detenido a los imputados por las calificaciones que les pesan. Ellos tienen los medios económicos para irse, hacer o deshacer, es todo un viva la pepa, ellos pueden circular libremente", opinó.. 

En cuanto al pedido de inhibición de bienes rechazado por la justicia, Pietra Sanz consideró que lo pidieron "en función de que no vaya en detrimento de la causa". "No pedimos embargo de cuentas, el colegio podría seguir funcionando con total normalidad, el tema es que no puedan dilapidar los activos o las propiedades", apuntó.