Cuarenta puestos de control para motociclistas y veinte para ciclistas ocupan todos los días seis puntos de la Ciudad de Buenos Aires para cumplimentar la orden del juez Roberto Gallardo contra los repartidores de las empresas de delivery Rappi, Glovo y Pedidos Ya, aunque tanto la Ciudad como las empresas adelantaron que apelarán el fallo que prohíbe el transporte de alimentos a través de una plataforma informática.

"Se sigue cumpliendo la orden de Gallardo en seis lugares de la Ciudad todos los días de 11 a 14 y de 20 a 24. La Policía los identifica y se les secuestra la caja con los alimentos en caso de que incumplan las normas pero no se los detiene", dijo una fuente policial.

En tanto, voceros de la secretaría de Tránsito y Transporte del gobierno porteño dijeron que "antes del fallo de Gallardo ya se habían montado 40 puestos para motociclistas y 20 para ciclistas todos los días, El Gobierno de la Ciudad apelará el fallo del juez".

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En la sentencia de fondo, tras la aplicación de una medida cautelar, el magistrado le ordenó al gobierno porteño clausurar toda plataforma virtual informática vinculada a la mensajería y reparto de alimentos que no esté registrada, realizar controles preventivos y decomisar mercaderías, el acatamiento de las empresas al Código de Tránsito y bloqueó los pagos con tarjetas de crédito.

Después de ese fallo, en respuesta a una medida cautelar, el juez fue recusado y el expediente pasó al juzgado Contencioso Administrativo y Tributario 15, a cargo de Víctor Trionfetti, aunque sus efectos siguen vigentes hasta que la Cámara de Apelaciones se pronuncie en torno a la recusación.

En tanto, el Tribunal Superior de Justicia deberá resolver los recursos de apelación que adelantaron que presentarán tanto las empresas como el gobierno de la Ciudad, puesto que la Cámara de Apelaciones ya se pronunció a favor de la sentencia del magistrado. 

Gallardo dijo este martes que las empresas "generan ocupación bajo una relación abusiva e ilegal y no quieren adecuarse a la ley", en respuesta a un comunicado en el que esas firmas aseguraron que el magistrado "busca suspender de modo arbitrario la fuente de ingresos de un gran número de personas".

"El derecho a trabajar tiene que ser ejercido en forma regular. Las empresas tienen que adecuarse a la ley o volvemos a principios del siglo XVIII", agregó e insistió en que estas empresas deben cumplir con el Código de Tránsito y Transporte (ley 5526) aprobado por la Legislatura porteña en 2016.

"Como la ley dice que las personas que trabajan realizando delivery lo hacen en relación de dependencia, las empresas quieren abstraerse de ese régimen y dicen que brindan un servicio informático, pero no se entiende entonces cómo ejercen logística, cobran comisiones sobre el transporte o realizan pagos", aseguró.

"Las empresas no enviaron al juzgado la lista del personal ni acreditaron que entreguen los elementos de seguridad para el trabajo (casco, material refractario para ser identificados de noche y la mochila sujeta al vehículo). Y tampoco que el personal está dotado de libreta sanitaria, lo que exige la ley", añadió, para quien la situación "es realmente grave" y su fallo "trata de prevenir".

Gallardo ya había ordenado en abril pasado al gobierno porteño prohibir actividades hasta que se cumplieran las medidas de seguridad, fallo que fue confirmado el 12 de julio por la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo porteña.

Ese tribunal confirmó también otorgarles a las empresas 10 días para solicitar la habilitación para operar y su inscripción en el Registro único de Transporte en Motovehículo y/o Ciclorodados (Rutramyc).

Por su parte las empresas respondieron a la orden dictada por el juez Gallardo contra esas plataformas con un comunicado en el que expresan su "preocupación y rechazo hacia una medida que busca suspender de modo arbitrario la fuente de ingresos de un gran número de personas" en la ciudad de Buenos Aires.

Señalaron que "las plataformas cumplen con las normas y regulaciones locales y nacionales, y también han respondido en tiempo y forma a las resoluciones dictadas anteriormente por el juzgado" por lo cual, reiteraron, apelarán "la sentencia y las medidas cautelares para lograr la suspensión de las mismas".

La Legislatura porteña sancionó en 2016 una ley según la cual los prestadores de Servicios de Mensajería Urbana y Reparto de Alimentos en la Ciudad de Buenos Aires deberán contar con una habilitación para lo cual se deberá identificar a los conductores o repartidores, declarar la composición societaria, habilitar un local o oficina para desarrollar la actividad, solicitar libreta sanitaria, casco homologado e indumentaria con bandas reflectivas y apropiada para días de lluvia, entre otros requisitos.