El fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, uno de los tres que entiende en la causa por la toma de los terrenos en Guernica, confirmó que "hay cerca de 35 detenidos", en el desalojo que realizaban esta mañana en los terrenos ubicados en el partido bonaerense de Presidente Perón, que, según sostuvo, poco después de las 8, ya habían sido desalojados.

"Hay cerca de 35 detenidos", dijo el fiscal y remarcó en declaraciones televisivas que "el predio ha sido desalojado", aunque aún continuaba el operativo, con algunos disturbios entre policías y algunos ocupantes en los alrededores de los terrenos que habían sido tomados en julio pasado.

Condomí Alcorta interviene en la causa junto a los fiscales Lisandro Damonte y el defensor oficial Juan Pablo Stasi.

“Las cosas tienen que volver al Estado de derecho”, sostuvo el fiscal luego en declaraciones a radio La Red, en las que explicó que “la mitad del predio estaba con animales y la otra mitad era parte de un emprendimiento de un barrio privado”.

Asimismo, contó que cuando se llegó al lugar se encontraron "con balines de metal, facas y fierros clavados en el barro" y explicó: "De hecho, una persona se lastimó con uno de esos fierros, que son como miguelitos muy grandes. Afortunadamente, no encontramos armas de fuego”.

Condomí Alcorta también remarcó que el terreno será entregado a los dueños que reclamaron su restitución a través de la Justicia y que si alguien intenta una nueva ocupación será detenido.

Los terrenos reclamados por sus propietarios -unas 100 hectáreas- fueron ocupados en julio pasado por unas 1.200 familias que vivían en Guernica y en los distritos de Almirante Brown, Lomas de Zamora, San Vicente, Florencio Varela, Ezeiza y Esteban Echeverría.

El operativo de desalojo comenzó este jueves a las 6 de la mañana, cuando ingresaron unos 4.000 policías al mando del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, para cumplir con la orden de desalojo dictada por el juez de La Plata con asiento en Cañuelas, Martin Rizzo, quien hizo lugar a un pedido de los propietarios.

La orden judicial tenía fecha límite el 30 de octubre, plazo que se cumplía este viernes.

El Gobierno provincial, por su parte, comenzó una serie de negociaciones con los ocupantes e instaló cinco carpas interministeriales de las carteras de Desarrollo de la Comunidad, Justicia y Derechos Humanos, Seguridad, de Gobierno, y de Mujeres, Políticas de Genero y Diversidad Sexual, para llevar a cabo la contención de quienes debían irse del lugar.

Así, unas 600 familias aceptaron retirarse del lugar, tras firmar un acuerdo con el Gobierno. A cambio, recibieron dinero para abonar el alquiler de una futura vivienda y materiales de construcción para ampliar las que ya tenían.

También habilitaron seis "centros de transición", dos de ellos establecimientos cerrados y otros cuatros abiertos para albergar a las familias hasta que pudieran conseguir una vivienda tras el desalojo. Al momento, sólo ocho familias solicitaron pasar el día en esos lugares, indicaron fuentes del caso a cronica.com.ar.