Se cumplen 4 años del incendio que costó la vida de diez personas -más otro bombero que se suicidó en 2016-, por lo que familiares, amigos y compañeros reclamaron celeridad a la justicia y alertaron que ninguna persona fue procesada aún por el siniestro, del que dos pericias confirmaron que fue intencional.

"A mi hermano lo recuerdo todos los días. Para nosotras fue un año muy terrible porque a los pocos meses murió mi mamá. Estamos esperando justicia. El año pasado se terminó de tomar indagatoria a todos los imputados, pero lo cierto es que hoy no hay nadie preso",  sostuvo Sandra Barícola, hermana de Pedro, uno de los agentes de Defensa Civil fallecidos.

La mujer reclamó además que "la justica no tomó declaración a (Juan José) Gómez Centurión, quien en ese momento era el máximo responsable de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) de la Ciudad, y sabemos que si se hubieran hecho los controles nuestros diez héroes no hubieran muerto".

Por su parte Ricardo Martínez, padre de Maximiliano, quien era bombero de la Policía Federal, también se mostró esperanzado en que "este año haya algún condenado" y afirmó que "cuando se haga justicia mi hijos, sus compañeros y todas las familias vamos a estar en paz" a lo que agregó "Acá estamos luchando contra el poder y la corrupción, por eso la tragedia de Barracas es invisibilizada. Pero nosotros vamos a mantener viva su memoria porque un pueblo que olvida repite la historia".

"No queremos una explicación fácil, queremos una justicia clara y digna", expresó por su parte el sacerdote Lorenzo de Vedia, conocido como "Toto", párroco de la Parroquia Virgen de Caacupé en la villa 21- 24 durante la misa que se celebró minutos antes de las 9, y recordó que "además de las diez personas que murieron en el incendio, un joven se quitó la vida después, por lo que es otra víctima directa más".

El sacerdote se refería al bombero voluntario de Vuelta de Rocha, Diego O'Neil, -compañero y amigo de los fallecidos Facundo Ambrosi y Sebastián Campos-, quien el 23 de febrero de 2016 se quitó la vida. 

Además de Pedro Barícola, Maximiliano Martínez, Sebastián Campos, Facundo Ambrosi y Diego O'Neill, las otras víctima fatales fueron de aquella jornada trágica fueron cinco bomberos de la Policía Federal: Anahí Garnica, Leonardo Day, Eduardo Conesa, Damián Véliz, y Matías Monticelli y el agente de Defensa Civil José Méndez.

En la causa que fue caratulada como "estrago seguido de muerte" y tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N°18, Pablo Ormaechea, se encuentran 33 personas imputadas entre los responsables de la firma, y funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de la Superintendencia Federal de Bomberos de la PFA.

Fuentes judiciales confirmaron que la indagatorias se llevaron adelante durante 2017 y continuarán este mes, tras lo cual se definirá la situación procesal.

Por su parte, la fiscal Romina Monteleone, a cargo de la Fiscalía Criminal y Correccional N°37, quien había realizado estos pedidos de indagatorias, apeló el sobreseimiento de dos responsables de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal y un apoderado de Iron Mountain, lo que fue concedido por de Sala VI de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional que en julio pasado revocó la resolución del juez Pablo Ormaechea.

En el depósito siniestrado, Iron Mountain archivaba documentación del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires y de las empresas DirecTV Argentina, Cargill S.A.C.I., Prudential Seguros S.A., Expeditors Argentina S.A., Televisión Federal Telefé, Galicia Seguros S.A., Galicia Retiro Cía de Seguros S.A., Sudamericana Asesores de Seguros S.A., Swiss Medical S.A., Arauco Argentina S.A. y HSBC Bank Argentina S.A., entre otros.

Además de esta causa, por un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROSELAC) se abrió un expediente ante la justicia federal que quedó en manos de Sergio Torres.

En febrero de 2015, los peritos de la División Siniestros de la Policía Federal Argentina y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) concluyeron que el incendio podría haber sido intencional; en tanto que el estudio de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), entregado a mediados de 2016, contradecía la hipótesis de los otros informes.