Un fiscal inició una investigación para determinar si existió la comisión de delito en la decisión de una empresa local de facturar por las transfusiones de plasma a pacientes afectados por coronavirus, según una nota dirigida a clínicas y sanatorios de Salta en la que se les informaba sobre el costo de la práctica y que fue publicada en las redes sociales.

Las fuentes judiciales señalaron que el fiscal penal interino de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ramiro Ramos Ossorio, quien quedó a cargo de la investigación iniciada de oficio el fin de semana pasado, tras conocerse la decisión de una empresa de facturar por las transfusiones, también decidió establecer si existen negociaciones incompatibles con la función pública en torno al caso.

En este sentido, Ramos Ossorio solicitó informes a distintos organismos públicos y entidades privadas, para avanzar en la investigación.

Las solicitudes fueron remitidas al Ministerio de Salud Pública de la Provincia y de la Nación, a clínicas y sanatorios privados, a la obra social provincial Instituto Provincial de Salud de Salta, al centro privado HemoSalta SRL y al Ministerio de Economía provincial, entre otras medidas ordenadas en el marco de la investigación preliminar.

La investigación comenzó a partir de la circulación, a través de las redes sociales y medios de comunicación de la provincia y el país, de una nota de la empresa Hemosalta SRL dirigida a clínicas y sanatorios de Salta.

Esta nota, firmada por el gerente de la firma, Martín de la Arena, informaba que “la trasfusión de plasma del paciente convaleciente, al ser una práctica no nomenclada, se facturará al paciente por su reintegro en la obra social y/o prepaga, de acuerdo al siguiente detalle: Transfusión de plasma de paciente convaleciente de Covid-19 por aféresis, $30.000”.

Este jueves, en declaraciones radiales, De la Arena aseguró que "el plasma no se vende", sino que ese monto se determinó para cubrir los insumos y gastos que demanda una transfusión a pacientes con coronavirus.

A esta polémica se sumó una denuncia del periodista Ángel Mansilla, de la emisora salteña FM Profesional, contra la encargada del Centro de Hemoterapia de Salta, Betina Saracino.

Frente a toda esta polémica, Mansilla concurrió al Centro de Hemoterapia a tomar información acerca de la provisión de plasma para los pacientes con Covid-19 y aprovechó para consultarle a Saracino si ella poseía una institución privada encargada del servicio de medicina transfusional.

Según la denuncia, la funcionaria sintió que el periodista le faltaba el respeto y, al concluir la nota, le manifestó: "Ojalá nunca necesites una transfusión", lo que Mansilla tomó como una amenaza.

Todo esto motivó la ampliación de la investigación del fiscal, que no sólo busca saber si existió la venta de plasma, sino que además intenta establecer si existe la comisión del delito de negociaciones incompatibles con la función pública.

Una vez que reciba toda la información solicitada, el fiscal determinará si existió la comisión de delitos provinciales, como el de negociaciones incompatibles con la función pública o, el de comercialización de plasma, contemplado en el artículo 91 de la Ley 25.990, conocida como “Ley de Sangre”.

La normativa establece que “será reprimido con prisión de seis meses a cinco años y con multa de diez mil pesos argentinos a quinientos mil pesos argentinos el que intermediare comercialmente o lucrare en la obtención, donación, clasificación, preparación, fraccionamiento, producción, almacenamiento, conservación, distribución, suministro, transporte, actos transfusionales, importación y exportación y toda forma de aprovechamiento de la sangre humana, sus componentes y derivados".

Los voceros detallaron que, de verificarse que existió comercialización de plasma, la investigación le correspondería al fuero federal.