El gobierno afrontará un nuevo dolor de cabeza en los próximos días, cuando la Defensoría de la Tercera Edad habilite la adhesión a una acción colectiva para frenar la suspensión de la Ley de Movilidad Jubilatoria, y así impedir que se aplique el aumento de haberes al sector pasivo de acuerdo con la modalidad anunciada el viernes por el presidente Alberto Fernández.

El argumento es que la medida "vulnera derechos adquiridos" en una continuidad de "una práctica habitual del Estado argentino" de "pagarles menos a los jubilados". En diálogo con Infobae, Eugenio Semino -titular de la Defensoría de la Tercera Edad- dijo que el reclamo contará con el apoyo "no sólo de personas físicas sino inclusive de organizaciones de jubilados; hasta nos han manifestado su voluntad de participar sociedades científicas relacionadas con el adulto mayor".

"Estamos trabajando con el doctor Gil Domínguez en todos los aspectos vinculados a la inconstitucionalidad de la medida", agregó. Para Semino, "la decisión del gobierno de dar un aumento al margen de la Ley de Movilidad tiene efectos múltiples y negativos para diversos sectores".

En esa línea aclaró: "A partir de los $18.000 el aumento es decreciente respecto de lo que hubiese correspondido con la aplicación de la ley". Semino recordó que a Cambiemos le hizo cinco exhortaciones y "tenemos planteado ante la Corte Suprema el reclamo por el factor de empalme, por el que entre 2018 y 2019 los jubilados perdieron el 19,5% de sus haberes en términos reales".

Sobre el anuncio del viernes, el titular de la Defensoría dijo que "nadie puede suponer que con 15.000, 20.000 pesos, se puede vivir dignamente. Ya le habíamos advertido al oficialismo y a todos los bloques lo que estaba pasando, cómo se iba abriendo la brecha entre los haberes y una canasta que, al ser pequeña y con particularidades, sufre mucho la alteración de determinados rubros de precios".

"Nadie puede suponer que con 15.000, 20.000 pesos, se puede vivir dignamente".

"El debate sobre el 11,56% o el 13% es una discusión falaz -siguió- en cualquiera de los dos casos no es más que reconocer la inflación entre diciembre y marzo, por lo que no hay ninguna recomposición. Y lo de la diferencia a favor de 197 pesos no es muy presentable que digamos".

Por último, Semino manifestó que "es evidente que se paga de menos, como en el anterior gobierno y el anterior y el anterior al anterior. Es una práctica habitual del Estado argentino".