La Policía desalojó, en cumplimiento de una orden judicial, el predio en la localidad bonaerense de Guernica que permanecía tomado por una parte de las familias que se habían instalado en julio pasado, en el marco de un operativo en el que fueron detenidas unas 35 personas.

El procedimiento, que comenzó cerca de las 6 de este jueves y fue encabezado por el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, se trasladó luego a los alrededores del predio, donde se produjeron algunos enfrentamientos entre la Policía y manifestantes.

Los disturbios se produjeron a unas tres cuadras del predio cuando algunos grupos resistieron con piedrazos a las fuerzas de seguridad, que utilizaron gases lacrimógenos, y se desplazaron a pie y a bordo de cuatriciclos para dispersarlos.

"Ya está todo desalojado", dijo Berni en declaraciones a la prensa, luego de que unos 4.000 efectivos policiales rodearon la zona y comenzaron a derribar algunas casillas que se habían instalado en el lugar, que fue desocupado en cumplimiento de una orden del juez de Cañuelas, Martín Rizzo.

El operativo se concretó luego de varias semanas en las que el Gobierno bonaerense entabló negociaciones con los ocupantes, realizó un censo y pudo avanzar con la desocupación pacífica por parte de la mayoría de las familias.

 

 

Por su parte, el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, uno de los tres que entiende en la causa, confirmó que, en el marco del operativo de desalojo, se produjeron "cerca de 35 detenidos".

"Hay cerca de 35 detenidos", dijo el fiscal en declaraciones al canal Todo Noticias (TN) y afirmó que "el predio ha sido desalojado", aunque poco después de las 9 continuaba el operativo, con disturbios entre policías y algunos ocupantes en los alrededores de los terrenos que habían sido tomados en julio pasado.

En el marco del trabajado desarrollado por el Gobierno bonaerense, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad -junto con representantes de organismos de derechos humanos, Madres de Plaza de Mayo y organizaciones sociales de izquierda que apoyan a los que aún están en los terrenos- realizaron en los últimos días un último relevamiento para determinar el número de familias que debían dejar el lugar y a los que se les procura dar una solución a sus problemas habitacionales.

Según el relevamiento, unas 600 familias firmaron el acuerdo con el Gobierno para desalojar pacíficamente el predio, y a cambio recibieron materiales de construcción, y dinero para pagar el alquiler de sus futuras viviendas, en tanto que otras fueron alojadas en "espacios transitorios" de Presidente Perón.

 

 

En tanto, dentro del predio ocupado se escucharon algunas detonaciones y se observaron columnas de humo por la quema de algunas casillas levantadas en el lugar.

Por su parte, los efectivos derribaron casillas y cortaron los alambres con que se delimitaron las tierras ocupadas en el predio, mientras que el desalojo fue resistido por los ocupantes que, con piedras y palos, intentaron frenar el accionar policial.

Una vez desocupado el predio, algunas personas continuaban resistiendo el operativo en los alrededores del lugar, donde tuvieron lugar algunos enfrentamientos, mientras que, cerca de las 9, fueron sumados al operativo de la Policía bonaerense un camión hidrante y cinco camionetas.

En tanto, bajo la consigna "No al desalojo, tierra para vivir", militantes de algunas organizaciones sociales iniciaron una protesta en rechazo al desalojo en puntos como el Puente Pueyrredón, frente al Obelisco, en la Autopista Buenos Aires- La Plata y el hospital Posadas.

 

 

Los terrenos reclamados por sus propietarios, unas 100 hectáreas, fueron ocupados en julio pasado por unas 1.200 familias que vivían en Guernica y otras que residían en los distritos de Almirante Brown, Lomas de Zamora, San Vicente, Florencio Varela, Ezeiza y Esteban Echeverría.

Tras la denuncia ante la Justicia por parte de los dueños y la firma Bellaco S.A., el juez de Garantías de La Plata Martín Rizzo ordenó el desalojo del predio, decisión que fue postergada en dos oportunidades a pedido del Gobierno provincial, y que tenía nueva fecha límite de concreción.