Por Florencia Golender 
@flopa01 

E l incremento promedio para todo el año 2019 en las tarifas de luz será del 55% y se aplicará en cuatro partes. Así lo anunció el gobierno nacional a fin de diciembre último y así derivó en un amparo judicial colectivo presentado en La Plata para frenar el primer tramo que rige desde febrero (26%) y que se suma al 1.643% aplicado desde 2016.

Este martes, el juez federal 4 de la capital bonaerense, Alberto Osvaldo Recondo, aceptó analizarlo y su resolución tendrá alcance nacional. La justicia federal de La Plata dio luz verde ayer para tramitar una acción de amparo presentada por intendentes bonaerenses del justicialismo, la Defensoría de Pueblo y otras organizaciones.

El magistrado resolvió "proceder a la debida inscripción de la presente causa en el Registro Público de Procesos Colectivos", de la Corte Suprema de la Nación, con lo que dio inicio al tratamiento del amparo. "Es una decisión importantísima ya que alcanza al Registro Público de Procesos Colectivos de la Corte Suprema y esto significa la nacionalización del amparo presentado. Es decir, el resultado que tenga este juicio va a afectar a todo el servicio público de electricidad de la Argentina", explicó a diario Crónica, el abogado Mariano Lovelli, presidente del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis), uno de los firmantes.

La presentación fue realizada el mes pasado y también lleva la rúbrica de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC), la Asociación Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) y diputados nacionales, entre otros. Fue luego de que el ex ministro de Energía, Javier Iguacel, anunciara (unos días antes de presentar su renuncia) alzas del 26% en febrero, 14% en marzo, una tercera en abril del 4% y una cuarta en agosto del 4%.

"Confiamos en que la Justicia se pondrá del lado de la gente y frenará estos tarifazos impagables", agregó Lovelli. Desde Cepis informaron la semana pasada que la cantidad de usuarios de energía eléctrica que sufrieron cortes en el suministro aumentó 59% en 2018, respecto de 2016. Al mismo tiempo, las compañías de servicios públicos ofrecen cuotas y planes de pago para afrontar las subas.

En la presentación judicial aceptada ayer, los referentes de la oposición consideraron que los nuevos aumentos "vulneran el principio de tarifas justas y razonables, y los estándares establecidos por la Corte Suprema en el fallo Cepis de 2016, cuando dictaminó que las tarifas deben cumplir con el criterio rector de gradualidad y estar acordes a los niveles de ingreso de los ciudadanos".