Integrantes de la comunidad mapuche Vuelta del Río, contigua a la Pu Lof Resistencia Cushamen donde desapareció Santiago Maldonado, ocuparon el juzgado federal de Esquel y pidieron la renuncia del juez Guido Otranto, mientras la testigo Andrea Millañanco volvió a declarar y ratificó que Gendarmería se llevó al artesano del lugar el primero de agosto a las 13.30. Además, el hermano del joven artesano, Sergio Maldonado, confirmó que viajará a la ciudad de Comodoro Rivadavia para ratificar el pedido de recusación del magistrado.

Cerca de las 9, una decena de integrantes de la comunidad mapuche de Vuelta del Río ingresó al juzgado ubicado en 25 de Mayo y San Martín, en pleno centro de Esquel, y anunció en mesa de entradas su decisión de ocupar la sala de la planta baja "hasta que renuncie Otranto", ante quien el lunes denunciaron malos tratos sufridos durante un allanamiento realizado por orden del juez en esa comunidad y en la Pu Lof Resistencia Cushamen.

"No nos vamos a ir hasta que renuncie Otranto, el allanamiento del lunes fue un atropello contra las familias de Vuelta del Río; entraron rompiendo puertas y sacando a la gente afuera a los golpes, tirándola al piso y atándole las manos con precintos", dijo Silvio Huilinao, presente en el procedimiento denunciado.

Agregó que los policías ingresaron armados y con escudos a la comunidad que "estaba en paz", e ingresaron a las casas "con violencia", preguntando "dónde está Santiago Maldonado" y "revolviendo todo sin encontrar nada".

Mientras en el juzgado se desarrollaba esta "ocupación pacífica", en la puerta de la fiscalía a cargo de Silvina Ávila, la abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia, ratificó, en declaraciones formuladas a la prensa, la necesidad de que "una vez por todas" el juez federal Otranto, "se decida a investigar la desaparición forzada" del joven artesano.

"Espero que de una vez por todas se decidan a investigar la desaparición forzada de Santiago Maldonado", aseguró la abogada Heredia, quien consideró que Otranto "tiene una valoración extraña de los hechos".

Además, afirmó que la comunidad mapuche había denunciado la desaparición de Santiago Maldonado el mismo 1º de agosto, día en que fue visto por última vez, y que, incluso, ya habían hecho referencia al hecho de que los gendarmes tenían armas con balas de 9 milímetros: "Lo de las balas de 9 milímetros está dicho por la comunidad desde un primer momento. Todo ratifica lo que dijimos desde el primer día", dijo la abogada.

De esta forma, hizo referencia a la supuesta denuncia que -según versiones periodísticas- habría hecho un policía de Río Negro acerca del hallazgo, durante un rastrillaje realizado el 5 de agosto, de proyectiles y armas en la comunidad.

En tanto, la integrante de la comunidad mapuche Millañanco -testigo por parte de la querella representada por la familia Maldonado- se presentó en la fiscalía a cargo de Ávila, acompañada por Soraya Maicoño, vocera de la Pu Lof de Cushamen, y por la abogada Herrera, quien informó luego que la testigo había "ratificado que a Maldonado se lo llevó Gendarmería".

En este sentido, en su diálogo con la prensa en la puerta de la fiscalía, Heredia indicó que, ante la fiscal Ávila, Millañanco reafirmó que el mismo 1 de agosto habían denunciado la "desaparición forzada" de Maldonado con la precisión de que "a las 13.30 fue detenido, golpeado y llevado de la comunidad por gendarmes", algo que ya había declarado ante el juez Otranto.

Además, la abogada de la familia Maldonado criticó al magistrado por "el violento operativo" realizado el lunes último en la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, "con 400 efectivos, para controlar una comunidad de pocas personas".

En tanto, en el marco de la "ocupación pacífica" del juzgado, Huilinao indicó que el mismo lunes -día del procedimiento ordenado por el juez Otranto, su comunidad presentó un hábeas corpus por los "malos tratos" que habían sufrido durante el operativo. En este sentido, precisó que la denuncia fue rechazada ayer por Otranto, y cuestionó al magistrado por la falta de avances en la investigación del caso Maldonado.

La "ocupación pacífica" de la sede del juzgado, como la definió, generó tensión por la fuerte presencia de personal policial, y el pedido de abogados y funcionarios judiciales que les exigían que se retiraran del lugar.

En ese marco, una de las mujeres puso un cartel en el vidrio, para ser registrado por reporteros gráficos y camarógrafos, pidiendo en cambio que "retiren a la policía", mientras varias personas continuaban entrando y saliendo del juzgado.