Un joven denunció a una escuela de Río Negro porque, cuando tenía 9 años, se resbaló con una cáscara de banana dentro de un aula. Producto de la caída, sufrió graves lesiones que le provocaron una incapacidad laboral definitiva e irreversible del 40 por ciento. Tras un arduo juicio, cobrará una indemnización millonaria.

El suceso ocurrió en el interior de un colegio hace años atrás, cuando un nene se resbaló  el aula con la cáscara de una banana que le habían dado como refuerzo alimentario escolar. En la actualidad, sufre a diario las consecuencias del accidente: padece como secuela una incapacidad laboral definitiva e irreversible en el 40 por ciento de su cuerpo.

En consecuencia, la Cámara Civil de Apelaciones de Roca confirmó que la Provincia de Río Negro y el Consejo Provincial de Educación deberán indemnizarlo con 1,2 millones de pesos, más los intereses acumulados desde el 2004, año en que ocurrió la caída del alumno en la Escuela N° 68 de Guerrico.

El joven decidió hacer la demanda en 2014, cuando alcanzó la mayoría de edad, ya que sus padres jamás iniciaron el reclamo. Desde entonces, el proceso fue complejo por la cantidad de partes contrapuestas que se sumaron al expediente judicial. 

Finalmente, obtuvo una sentencia favorable y, si bien la Cámara realizó algunas modificaciones, ratificó la responsabilidad del Estado por las secuelas que dejó aquella caída en la vida del alumno. 

"En la escuela intentaron asistirme de forma precaria. La ambulancia nunca llegó y una maestra hizo una camilla improvisada que me llevó hasta un hospital. En ese centro médico no hacían cirugías y me derivaron a otro en el que fui operado diez días después del accidente", expresó.

Agregó que en 2005 necesitó una nueva operación, por el rechazo de su organismo a la primera prótesis. "Pude retomar la escuela recién en sexto grado pero tuve que ser operado nuevamente. En 2008 terminé séptimo grado con una maestra domiciliaria y en 2009 debí someterme a otra intervención", agregó. 

Tanto la jueza de primera instancia, titular del Juzgado Civil N° 1 de Roca, como los jueces de la Cámara Civil, coincidieron en que la responsabilidad fue íntegramente estatal. La víctima recibirá 1.204.106,37 millones de pesos, a los que deben sumarse los intereses acumulados desde 2004 y hasta el efectivo pago.