La ministra de Justicia, Marcela Losardo, aseguró que “no existe un plan de liberación generalizada de presos” por parte del gobierno nacional en el marco de la pandemia por coronavirus, y remarcó que “es el Poder Judicial quien toma la decisión” de otorgar prisiones domiciliarias, al tiempo que aseveró que "nadie está de acuerdo con sacar a violadores o asesinos" a la calle.

Ante el debate por las prisiones domiciliarias en el contexto de la pandemia por Covid-19, Losardo reafirmó que "el Poder Judicial es quien toma la decisión de detener gente, enviarla a un centro de detención o excarcelarla. No es un tema del Ministerio de Justicia".

En declaraciones a radio Mitre, la funcionaria subrayó: “La posición del Gobierno la definió ayer el Presidente. No existe un plan de liberación generalizada ni dirigida a un caso particular”.

 

"Nadie está de acuerdo con sacar a violadores o asesinos", agregó la titular de la cartera de Justicia y aseguró que "no se van a disponer indultos, ni amnistías, ni conmutación de penas".

Respecto a este tema, la funcionaria relató que "existe una acordada de la Cámara Federal de Casación para considerar medidas alternativas al encierro, en relación con el momento que se está viviendo y medidas recomendadas por la OMS, que también siguieron los demás países. Esto no es un tema del Poder Ejecutivo. Hay situaciones de personas detenidas que pueden cumplir su condena en arresto domiciliario, pero son decisiones que no podemos juzgar nosotros. Quiero aclarar que hay tobilleras y dispositivos".

"Hay gente que está hace tres años y está por cumplir su condena, hay mujeres embarazadas, hay personas enfermas... estamos hablando de que esta gente salió por alto riesgo en relación con el coronavirus. La Justicia nos pidió las listas de todos los detenidos con todas las características que solicitaba la acordada, que también establece que se dará cumplimiento a la protección de la ley de víctimas", sostuvo Losardo con relación a los grupos de riesgo que componen algunos reclusos.

¿Qué pasa con Jaime?

Sobre el el pedido de prisión domiciliaria para el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime realizado por la Secretaría de Derechos Humanos, Losardo señaló que el responsable de esa área, Horacio Pietragalla, “tiene autonomía para presentarse como ‘amicus curie’ en la Justicia cuando considera que hay una violación” de derechos de la persona.

“En este caso, fue solicitado por la familia de esa persona y la Secretaría no necesita autorización ni del Presidente ni del Ministerio de Justicia para realizar la presentación”, explicó.

Losardo también remarcó que al igual que en el caso de la prisión domiciliaria “esto lo decide la Justicia” y además recordó que la solicitud realizada en el caso de Jaime “fue rechazada” por el Poder Judicial.

 

"De un total de 12.579 detenidos en el sistema federal en 35 unidades, salieron con domiciliaria 320. Salieron por el COVID-19 por estar en riesgo y lo determinó el Poder Judicial. No es cuestión de despegarse o no despegarse, sino de que se entienda el tema: nadie está de acuerdo en sacar violadores y asesinos seriales; pero estamos de acuerdo en que hay un grupo de alto riesgo", comentó la ministra sobre la cantidad de reos liberados.

Sobre lo ocurrido días atrás en el penal de Devoto, la funcionaria finalizó diciendo que "en Devoto había una medida de fuerza y se escucharon las demandas de las personas privadas de la libertad. Pero no hubo ningún compromiso ni promesa, se dialogó sobre la situación carcelaria y sus pedidos. Si hay un problema en Devoto, a nadie le gusta, pero no queda otra que hacer una mesa de diálogo, tenemos que resolver el conflicto".

Testimonio del procurador

En tanto, el procurador de la Suprema Corte bonaerense, Julio Conte Grand, afirmó que en los encuentros interinstitucionales que mantiene con representantes del gobierno provincial para abordar la problemática de la superpoblación carcelaria "jamás" se planteó la existencia de un plan para liberar presos masivamente, como se cuestionó desde la oposición.

En declaraciones a radio La Red, el funcionario analizó que en las mesas de diálogo convocadas desde diciembre por el ministro de Justicia provincial, Julio Alak, para abordar la problemática de la superpoblación carcelaria "jamas escuché de la existencia de un plan de estas características".

Además, aclaró que "las decisiones sobre las excarcelaciones u otros beneficios a los detenidos no las toman ni los defensores, ni los fiscales, sino los jueces".

 

Conte Grand analizó que "aprovechando la situación de emergencia sanitaria" y una resolución dictada por él "para evaluar la situación de los internos que estaban dentro del universo de riesgo, comenzaron a adoptarse decisiones en algunos ámbitos del Poder Judicial de la provincia que no tienen nada que ver con ese objetivo".

En ese marco, destacó que el 8 de abril "se dictó una resolución desde la Cámara de Casación constituida de forma unipersonal en el que hizo lugar a un hábeas corpus".

Se refirió de esta manera a un fallo de la Cámara Federal de Casación que recomendó, hace dos semanas, otorgar la prisión domiciliaria a presos no violentos para prevenir la propagación del coronavirus entre la población carcelaria, bajo "mecanismos de control y monitoreo", y sólo para casos de "prisión preventiva por delitos de escasa lesividad o no violentos, o que no representen un riesgo procesal significativo".

 

Conte Grand detalló que, de acuerdo al Servicio Penitenciario Bonaerense, había unos 2.300 presos que integran el universo de riesgo, "de los cuales 50 por ciento no podía beneficiarse con esta alternativa procesal porque estaba detenido por delitos graves".

"Desde el 16 de marzo hasta hace dos días, se presentaron 2.900 pedidos de excarcelaciones, de los cuales 1.200 deben integrar el universo de riesgo. En nuestra opinión, de esos 1.200, aproximadamente 800 han sido externados", indicó.

Consideró, asimismo, el procurador que, "al término de la pandemia, habrá que hacer una evaluación y una cantidad significativa deberá volver a la cárcel".

¿Qué pasará en el futuro?

Además, Conte Grand reclamó "abandonar estos mecanismos por los cuales se toman decisiones unipersonales en tribunales colegiados y volver a los mecanismos de la colegiación en términos de decisión y a las tres instancias penales que tiene la provincia: jueces de primera instancia, Cámara y Casación".

Sin embargo, reflexionó que desde la Procuración se enfrentan "con este tipo de dificultades desde hace tiempo y no sólo en la emergencia" porque "efectivamente hay desvíos en la justicia respecto de la concesión de las domiciliaras".

Cuando se le preguntó a qué responden esos "desvíos" a los que hacía referencia, reconoció que pueden deberse "tanto a cuestiones ideológicas como a casos relacionados con la corrupción" y precisó que, desde la Procuración, se impulsaron muchas investigaciones en los últimos años para "neutralizar" esas situaciones.