El Sindicato de Conductores de Trenes La Fraternidad, que lidera Omar Maturano, informó este martes al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, la decisión gremial de acatar la conciliación obligatoria dispuesta por la cartera laboral ante el paro de 24 horas dispuesto por el gremio, aunque ratificó "la legitimidad del reclamo por la deuda a la obra social".

En una presentación dirigida a Moroni, Maturano y el presidente de la Obra Social Ferroviaria (OSFE), Juan Sifré, ratificaron "la legitimidad del reclamo, que se sustenta en la necesidad de inmediata devolución de los montos adeudados y actualizados a valores de hoy por el sistema único de reintegros", indicaron los dirigentes en un comunicado.

"De forma previa a la pandemia de coronavirus, el pago a la OSFE era de casi 14 millones de pesos y, luego, se le reconocieron solo 3 millones, es decir, un 80 por ciento menos. La ausencia de devolución ilegítima de los fondos ferroviarios impide la prestación regular de salud a los afiliados y a todos los trabajadores", enfatizaron los dirigentes en la misiva.

 

Maturano y Sifré añadieron que la carencia de ese reintegro es "una violación patente al principio de salud y a la propiedad de los trabajadores, lo que es sorprendente en el contexto de un Gobierno que pondera la salud por sobre la economía", afirmaron.

"Esa conducta arbitraria permitió el sinsentido y el absurdo de categorizar al personal de conducción de trenes como 'trabajadores esenciales y no esenciales', ya que para prestar servicios de forma patriótica en un momento tan crítico lo califican de esencial pero al momento del pago de la deuda por reintegros no lo categorizan del mismo modo", dijeron.

Los dirigentes ratificaron en la presentación a Moroni que el personal de conducción de trenes mantuvo "el abastecimiento y la salud de los argentinos", por lo que aseveraron que "la decisión oficial de no reintegrar las sumas adeudadas a la OSFE es arbitraria, ya que carece de razonabilidad al privilegiar de forma injusta a unos trabajadores sobre otros".

 

"No hay legítima razón que lo justifique. Ello atenta contra el artículo 16 de la Constitución Nacional. que determina la igualdad jurídica de los habitantes", afirmaron.

También sostuvieron que "ese accionar, por ende, es inconstitucional", ya que a algunas obras sociales se "les reconocieron hasta 22 recaudaciones por adelantado y, otras, se declararon en convocatoria de acreedores y, sin embargo, tuvieron subsidios, mientras empresas privadas y sellos de goma empresarios y prepagas también los recibieron".

Los sindicalistas aseguraron a Moroni que La Fraternidad trabaja por "las condiciones laborales y la dignidad de los trabajadores, lo que incluye a la salud, que debe ser esencial y para todos, según la propia Organización Mundial de la Salud (OMS)", concluyeron.