Tras la cancelación masiva de vuelos de Flybondi, el fiscal Jorge Di Lello le solicitó al juez Sergio Torres la suspensión de la empresa low cost y del aeropuerto de El Palomar hasta que se practiquen pericias que acrediten las condiciones de seguridad de la empresa aérea.

El funcionario reforzó el pedido para el aeropuerto de El Palomar, foco de protestas de los vecinos ya que la terminal está ubicada en medio de una zona densamente poblada. El pedido llega luego que se cancelaron 33 vuelos entre el viernes y el domingo, con lo que se perjudicaron a 6.300 pasajeros.

La low cost aseguró que “realizó sus máximos esfuerzos para ofrecer soluciones a las personas afectadas por las cancelaciones. Dependiendo de la ruta y la disponibilidad de asientos, se pudo hacer la reubicación en vuelos posteriores, teniendo en cuenta que es temporada alta”.

Por otra parte, una nueva denuncia pone en jaque a la aerolínea, luego de que la abogada Claudia Sambro Merlo presentara una acusación por traición a la patria contra el presidente Mauricio Macri, gran parte de su gabinete de ministros y varios funcionarios de segundo y tercer nivel. En su denuncia, la letrada revela que la empresa está radicada en Inglaterra y sostiene que es controlada por una Off Shore con domicilio en Islas Cayman.

Sambro Merlo acusa al Presidente de la Nación, Mauricio Macri; al jefe de Gabinete, Marcos Peña; y a los ministros Guillermo Dietrich, Germán Garavano y Oscar Aguad por incurrir en el delito de traición a la Patria, tipificado en el Código Penal en los artículos 214 y 215, y consagrado en la Constitución Nacional en el artículo 119.

La abogada sustenta su denuncia en el hecho de que la empresa aerocomercial está radicada en Inglaterra para operar una base aérea militar argentina que guarda secretos e intereses militares de suma importancia que hacen a la defensa nacional.