El procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, se expidió en la causa por el hábeas corpus colectivo que dispuso los arrestos domiciliarios de presos de la provincia y le pidió a la Suprema Corte que revoque el fallo del juez de la Cámara de Casación Víctor Violini por el cual se habilitaron esos beneficios.

Fuentes cercanas al procurador explicaron a Télam que, en sintonía con la solicitud efectuada ante el máximo tribunal anteayer por el fiscal de Casación Penal de la provincia, Carlos Altuve, en su dictamen, Conte Grand analizó que la "gravedad institucional" del hecho amerita la intervención de la Corte.

Anoche, a través de una presentación electrónica, Conte Grand también consideró ilegal la decisión del camarista Ricardo Borinsky, quien les ordenó a los jueces y tribunales inferiores que cumplieran con las órdenes de los arrestos domiciliarios.

 

 

"Para el Procurador, se debe dar marcha atrás con los permisos de prisiones domiciliarias mal otorgados y esas personas deben volver a las cárceles", explicaron desde su entorno.

De acuerdo a los plazos establecidos ayer por la Suprema Corte, el defensor general, Mario Coriolano, tendrá que hacer su propio dictamen "en un plazo de 24 horas".

Ayer, el máximo tribunal bonaerense declaró admisible el recurso de queja presentado por el fiscal y suspendió provisionalmente el otorgamiento de nuevas prisiones domiciliarias a los detenidos que integran el grupo de riesgo de contraer coronavirus.

 

 

En una resolución, el máximo tribunal aceptó tratar el recurso que presentó ayer Altuve para que se revoque el habeas corpus colectivo que habilita otorgar las prisiones domiciliarias, admitido por Violini en abril último.

En la resolución, firmada digitalmente por los jueces de la Corte Daniel Fernando Soria, Luis Esteban Genoud, Eduardo Julio Pettigiani, Hilda Kogan, Sergio Gabriel Torres y Eduardo Néstor de Lázzari, se dispuso declarar "procedente" la queja deducida por el fiscal ante el Tribunal de Casación Penal y conceder el recurso de inaplicabilidad articulado.

Además, la Suprema Corte declaró que la resolución "suspende los efectos" de la decisión del Tribunal de Casación Penal impugnada.

 

 

Altuve recurrió a la queja, luego que el Tribunal de Casación le rechazó el recurso de apelación interpuesto contra el fallo de Violini, quien el 17 de abril hizo lugar a un habeas corpus colectivo presentado por los defensores públicos para que se les otorguen prisiones domiciliarias a presos en peligro de contraer coronavirus.

En ese fallo, Violini había fijado que los presos que podrán acceder a ese beneficio deben ser mayores de 65 años, mujeres embarazadas, detenidos con enfermedades preexistentes y que estén involucrados en delitos leves, aunque no hace mención a cuáles son los delitos a los que hace referencia.

Hoy más temprano, el gobernador Axel Kicillof había vuelto a cuestionar a Conte Grand por no haber especificado en la Resolución 158 -a través de la cual instruyó a los defensores a impulsar prisiones domiciliarias para la población carcelaria de riesgo- que quienes cometieron "delitos graves" no pudieran hacer uso de ese beneficio.