Luego de la aplicación de dióxido de cloro en un paciente con COVID-19 que fue autorizada por un fallo judicial y que terminó con la muerte del mismo, el Sanatorio Otamendi, lugar donde fue brindada la sustancia, emitió un comunicado en el que dejaron en claro que debieron acatar la decisión del juez aunque no estaban de acuerdo con el suministro de la polémica sustancia.

“El Sanatorio Otamendi se dirige a todos ustedes con respecto al fallo que obligó a nuestra institución a aceptar que se le administre a un paciente internado una sustancia no aprobada por ANMAT ni aceptada como tratamiento por ninguna organización científica seria de todo el mundo. El día 7 de enero de 2021 el Sanatorio Otamendi fue notificado del dictado de una medida cautelar por un juez federal por la cual se nos ordenó garantizar, a un paciente de 92 años internado en nuestra institución por neumonía grave COVID-19, la implementación de los tratamientos prescriptos por un médico allegado a la familia del mismo. Estos tratamientos consistían en la aplicación de ibuprofeno de sodio inhalatorio y el suministro de CDS (dióxido de cloro) por vía endovenosa”, comienza el enunciado.

“La decisión judicial consignaba que dichas aplicaciones debían ser realizadas por el médico prescriptor, quién no forma parte de los equipos médicos de nuestra institución, y bajo su exclusiva responsabilidad. Por la misma decisión, la provisión de los mencionados compuestos quedó a cargo de la familia del paciente, toda vez que la comercialización de los mencionados productos no se encuentra autorizada para uso medicinal. Hasta ese momento, el paciente recibía el tratamiento correspondiente a su cuadro clínico, y se mantuvo siempre bajo los controles establecidos por nuestra institución”, continúa.

Y enseguida aclaró que la institución “acató inmediatamente la orden judicial, sin perjuicio de haber interpuesto los recursos legales correspondientes por tratarse de compuestos cuya utilización en pacientes COVID positivos fue enfáticamente desaconsejada por la Organización Panamericana de la Salud, la ANMAT, la Sociedad Argentina de Infectología, y tantas otras instituciones y asociaciones científicas a nivel local e internacional”.

Además, recordó que, en el caso del dióxido de cloro, la ANMAT expresa que "su ingesta o inhalación podría ocasionar graves efectos adversos" y confirmó que la administración de los compuestos mencionados fue llevada a cabo únicamente por el médico tratante, cuya especialidad no está relacionada con la materia.

“Tal cual se consigna en todos los seguimientos realizados, el paciente no presentó ninguna mejora clínica en las horas subsiguientes. Su estado general se agravó en la mañana del día 11 de enero, procediéndose a su traslado al área de terapia intensiva, donde falleció horas más tarde. Agradecemos las incontables muestras de apoyo de sociedades médicas y científicas, como también las de distintas agrupaciones médicas frente a dichos que atentan maliciosamente contra el buen nombre y el prestigio académico acreditados por el Sanatorio Otamendi a lo largo de más de 90 años”, finalizó la institución médica.