Las jubilaciones de privilegio tomaron un lugar principal en la agenda pública luego de que el presidente Alberto Fernández anunciara que ampliará las sesiones extraordinarias para enviar al Congreso un proyecto de ley que "termine" con las "jubilaciones de privilegio" en el Poder Judicial y el Cuerpo Diplomático, con el "propósito de garantizar la igualdad" en el sistema previsional.

"Para poder salir de la emergencia económica y social en la que estamos, vamos a trabajar para construir una sociedad que iguale las oportunidades de todas y todos", expresó el mandatario.

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La Ley 24018, promulgada en noviembre de 1991, establece las asignaciones mensuales vitalicias para el Presidente, Vicepresidente de la Nación y Jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, del Ministerio Público y de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas.

Los más onerosos corresponden a los de expresidentes (considerados en realidad pensiones vitalicias), exjueces y exdiplomáticos. A estos dos últimos apuntará el nuevo proyecto del oficialismo.

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En el caso de los ex mandatario, el haber obtenido "será la suma que por todo concepto corresponda a la remuneración de los Jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación". Esa suma en la actualidad es de $341.709 mensuales.

En promedio, los ingresos de quienes trabajaron en el poder judicial se encuentra alrededor de lo $224.734 mensuales.

En tanto, el personal que se desempeñó en el servicio exterior posee la garantía de una jubilación equivalente al 85% del salario del puesto de mayor rango que ocuparon durante su vida activa.