Sebastián Romero, conocido como “el gordo mortero”, tras llevar casi dos años prófugo de la Justicia argentina difundió este lunes un mensaje en el que se definió como un "perseguido político del gobierno de (Mauricio) Macri” y llamó a un gran paro general para “tirar abajo” al gobierno del presidente Sebastián Piñera.

El militante del PTSU participó de la violenta manifestación contra la reforma previsional impulsada por el gobierno de Cambiemos en diciembre de 2017. Su imagen empuñando un mortero casero fue publicada en todos los canales de televisión y generó cientos de memes en las redes sociales.

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En el audio subido a las redes sociales del PTSU, Romero sostuvo: “Saludo la heroica lucha de nuestros hermanos chilenos. Es muy importante que el movimiento obrero se ponga en escena a través de un gran paro nacional. Para que a través de las asambleas elijan un comité de lucha para llevar adelante nuestro reclamos. Lo mismo tienen que hacer en los barrios y los lugares de estudio. Para que de una vez por todas el pueblo chileno decida qué hacer con el país”.

El hombre remarcó: "De la única forma que los trabajadores podemos triunfar y salir de esto es reorganizando, a través de un comité de lucha, un gobierno obrero y popular que gobierne a través de esos comités".

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De acuerdo con su visión, los trabajadores del mundo se están “reorganizando y luchando contra los planes del capitalismo”. “Así lo demostraron los chalecos amarillos en París, las manifestaciones en Madrid por Cataluña, Hong Kong, Nicaragua, Honduras, Ecuador y ahora Chile”, señaló.

En ese sentido pidió que los trabajadores “no confíen en los partidos burgueses” y se organicen a través de comités de lucha para ejercer el gobierno. “¡Viva la lucha obrera chilena. Viva el pueblo chileno. Por una revolución obrera victoriosa. Viva la lucha internacional de los trabajadores!”, exclamó al final de su mensaje.

Romero tiene una orden de captura internacional por disparar pirotecnia contra las fuerzas de seguridad. La cartera que dirige Patricia Bullrich ofreció 1 millón de pesos para quien brinde información sobre su paradero.

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Por su accionar durante aquella movilización, el ex precandidato a diputado nacional por Santa Fe fue imputado por intimidación pública, daños y resistencia a la autoridad, delitos que cuentan con una pena máxima de hasta 15 años de prisión.