A raíz de esa decisión de la sala de feria del Tribunal de Apelaciones integrada por Eduardo Farah y Leopoldo Bruglia, seguirán presos Juan Salomón Vallota, Sebastián Giancarellil, Diego Parodi, Pablo Giusto, Esteban Rossano y José María Carrizo, todos detenidos por orden del juez federal Claudio Bonadio, quien estaba de turno ese día.

Todos están acusados de haber presuntamente participado en “tumultos y desórdenes públicos llevados a cabo el día 14 de diciembre de 2017 con la intención de infundir un temor público suficiente como para coaccionar la actividad parlamentaria que fuera convocada en esa fecha”.

Los camaristas resolvieron rechazar las excarcelaciones porque “la actividad procesal se encuentra en pleno desarrollo y a la espera de la culminación de los estudios ordenados, tanto en relación a los teléfonos celulares como así también de los registros fílmicos del día de los hechos”.

Con esos argumentos, los jueces resolvieron que “hasta tanto se cuente con el panorama completo de lo sucedido y se definan las responsabilidades la restricción de su libertad, se presenta de momento como la única alternativa viable para garantizar los fines de este proceso”.

En el marco de este expediente, Bonadio liberó a los demás detenidos ese día pero rechazó a excarcelar a estos seis imputados con distintos argumentos vinculados a sus antecedentes penales, falta de arraigo o riesgo de fuga, según los casos y ahora esa decisión fue avalada por la Cámara.

El juez continúa con la toma de declaraciones indagatorias a otros manifestantes imputados pero en libertad y luego deberá definir las situaciones procesales de todos, incluidos los detenidos.

Esta es la primera causa penal abierta por incidentes producidos durante el debate de la reforma previsional, relacionada con los hechos ocurridos el 14 de diciembre pasado en las inmediaciones del Congreso, cuando se desarrollaba la luego fallida sesión para tratar esa iniciativa, que ya contaba con media sanción del Senado. 

En tanto, en otra causa, a cargo del juez federal Sergio Torres, se investiga lo ocurrido días después, el 18 de diciembre, en torno al Palacio Legislativo durante el debate en Diputados que derivó en la sanción de la reforma previsional. 

En ese expediente, el juez Torres ordenó la detención de Fernando Ponce Dimas, un militante del Partido Obrero (PO) filmado cuando agredía a un policía con un palo.

En esta causa está detenido Javier Arakaki, otro militante del PO acusado de golpear junto a Ponce Dimas al policía Brian Escobar en los incidentes en alrededores del Congreso Nacional durante el debate de la reforma previsional y su defensa apeló ante la Cámara Federal para pedir la excarcelación, algo que aún no se resolvió.

Ese efectivo de la Policía de la Ciudad sufrió una fractura del hueso temporal del cráneo y pérdida de audición del oído izquierdo, según consta en el expediente.  

En tanto, en la causa permanece prófugo Sebastián Romero, ex precandidato a diputado por una fuerza del Frente de Izquierda y de los Trabajadores de Santa Fe, quien fue filmado cuando disparaba a policías con un mortero casero, también el 18 de diciembre pasado.

Y a ese prófugo, a la orden de detención de Ponce Dimas y a la detención de Arakaki se suma otro detenido, el policía Dante Barisone, un efectivo porteño acusado de haber atropellado con su moto a un cartonero en las inmediaciones del Palacio Legislativo, en el marco de los incidentes y la represión que tuvieron lugar en la jornada del 18 de diciembre. 

En relación a este expediente, el Partido Obrero volvió a reclamar esta mañana el cese de la orden de detención dictada contra Fernando Ponce Dimas y a exigir la liberación de Arakaki. 

A través de un comunicado, enmarcó la situación de ambos militantes en “una política de criminalización de una manifestación en la que participaron centenares de miles de trabajadores contra una ley que constituye un robo a los jubilados, los discapacitados y los niños más necesitados”.

"Ponce Dimas, quien tiene 26 años y recientemente se recibió de abogado se ha puesto a derecho y no hay motivo alguno para que sea detenido”, argumentó el Partido Obrero en un comunicado que difundió esta mañana.