La Corte Suprema de los Estados decidió este lunes solicitar opinión al gobierno de ese país en el marco de una demanda abierta por un fondo buitre contra la expropiación de YPF, que puede costarle a la Argentina unos 3.000 millones de dólares. Dispuso consultar al General Solicitor de ese país (el jefe de los abogados del Estado) por ese juicio, que ya tiene dos fallos adversos para la Argentina.

La Corte debe decidir si la demanda entablada por el fondo "buitre" Burford Capital por la estatización de la petrolera (hecho ocurrido en 2012) debe continuar en tribunales de Estados Unidos o en Buenos Aires. La demanda comenzó con ex accionistas minoritarios de YPF luego de que el Estado argentino le pagara la española Repsol -que controlaba a la petrolera argentina- 5.000 millones de dólares en concepto de resarcimiento por la "renacionalización" de la compañía.

Más tarde, Burford compró los derechos para hacer juicio de algunos de esos accionistas, que formaban parte del Grupo Petersen y de la familia Eskenazy. Los abogados del fondo argumentan que durante el gobierno de Cristina Kirchner rompió el contrato de concesión de YPF, al expropiar el 51%.

Para los letrados, se trata de una cuestión de derecho comercial que debe ser juzgada en Estados Unidos.