Pedro Castillo, el presidente de Perú, anunció este miércoles que disolvió el Congreso, horas antes de que el órgano legislativo debatiera una moción de destitución en su contra, y declaró un "Gobierno de excepción" y un "toque de queda a nivel nacional", lo que motivó inmediatamente la renuncia de ministros y acusaciones de un "golpe de Estado". En un mensaje emitido por televisión, Castillo convocó "en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso se gobernará mediante decretos ley".

Además, indicó: “En atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a establecer el Estado de derecho y democracia, a cuyo efecto se dictan las medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional”.

El mandamás peruano acusó al órgano legislativo de "destruir el Estado de derecho, democracia y equilibrio de poderes".

Además, el mandatario de izquierda decretó un "toque de queda a nivel nacional" a partir de las 22 de esta jornada hasta las 4 horas del día siguiente. También declara en reorganización el sistema de justicia: el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional. El anuncio del mandatario motivó inmediatamente una serie de renuncias en el Gabinete. Más detalles "En estricto apego a mis convicciones y valores democráticos y constitucionales, he decidido renunciar irrevocablemente al cargo de Ministro de Relaciones Exteriores, ante la decisión del Presidente Castillo de cerrar el Congreso de la República, violando la Constitución", escribió César Landa en su cuenta de Twitter y completó: "Condeno enérgicamente este autogolpe de Estado e invoco a la comunidad internacional a ayudar al re-encausamiento democrático en Perú. Castillo tomó esta decisión sin mi conocimiento ni apoyo". En esta línea, Kurt Burneo, quien hasta ahora era ministro de Economía y Finanzas sostuvo: "Habiéndose vulnerado el Estado de Derecho y en la línea con mis principios democráticos, presento mi renuncia irrevocable al cargo". "Coherente con mis principios y con pleno respeto a la democracia, he presentado mi renuncia al Gabinete Ministerial", indicó Alejandro Salas, al dejar la titularidad de la cartera de Trabajo. También dimitieron otros funcionarios como el ministro de Educación, Rosendo Serna, y el embajador del país ante las Naciones Unidas, Manuel Rodríguez Cuadros, e incluso el abogado del presidente, Benji Espinoza, comunicó su "renuncia irrevocable" a continuar al frente de la defensa legal. "Estamos frente a un golpe de Estado", apuntó por su parte la diputada fujimorista Martha Moyano, una de las voces de la oposición que criticó la decisión del mandatario. En la misma línea se pronunció la exjefa de Gabinete, Mirtha Vásquez: "En un Estado de derecho no se puede permitir un golpe de Estado. Castillo está replicando el modelo Fujimori que pone en serio riesgo la democracia; ni el rol nefasto de este congreso, ni las investigaciones por corrupción pueden justificar estas decisiones autoritarias".

El anuncio de Castillo tiene lugar poco más de 30 años después del autogolpe del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), que disolvió el Congreso el 5 de abril de 1992.

La congresista Ruth Luque, de Cambio Democrático, partido de izquierda que antes no había votado a favor de la destitución, señaló que se debe respetar el orden democrático y que, tras una disolución ilegal, la vicepresidenta Dina Baluarte debe asumir el Ejecutivo. “El presidente Castillo ha decidido socavar la democracia”, dijo en declaraciones al medio local RPP. También hubo una reacción del procurador general del Estado, Daniel Soria, quien anunció que interpondrá una denuncia penal contra Castillo al que acusa de "violar flagrantemente la Constitución". Por su parte, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, señaló su "rechazo de manera enfática" a "todo quebrantamiento del orden constitucional", y exhortó al mandatario a "respetar la Constitución, el Estado de derecho y la democracia que tanto nos ha costado". Alonso Cárdenas, uno de los principales politólogos del país, indicó que "no hay ninguna figura legal que ampare lo que hizo el presidente. La Constitución es clara en que para disolver el Congreso se necesitan dos negativas a mociones de confianza, como hizo Martín Vizcarra, que en este caso no se da". "Al final dependerá de la actitud de las Fuerzas Armadas. Estamos esperando un comunicado en el que digan que no respaldan (al golpe). Eso es obvio, ellos no se van a comprometer con una acción ilegal que después podría llevarlos a la cárcel", apuntó. La decisión de Castillo fue comunicada horas antes de que el Parlamento, controlado por la oposición de derecha, se dispusiera a debatir una moción de destitución contra el mandatario por "permanente incapacidad moral". La "moción de vacancia" es la tercera contra Castillo en 16 meses en el poder. En marzo, no alcanzó los votos para removerlo y en diciembre de 2021, el Congreso la desestimó antes de debatirla. "Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador", indicó Williams al iniciar el debate y anticipó que mantendrá el debate por la moción que plantea la vacancia presidencial "por incapacidad moral permanente".