Tal como lo había prometido en la campaña electoral, el flamante presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, decretó este martes que será más fácil comprar y tener armas, pues cada ciudadano podrá poseer hasta cuatro y los permisos durarán el doble de tiempo, hasta 10 años. 

"Como el pueblo soberanamente decidió en el referéndum de 2005, para garantizarles ese legítimo derecho a la defensa, yo, como presidente, voy a usar esta arma", afirmó Bolsonaro, al mostrar a la prensa la lapicera con la que firmó el decreto.

"Infelizmente, en esa época, el gobierno (de Luiz Inácio Lula da Silva) se valió de decretos y normas para negar ese derecho", agregó el mandatario, citado por la agencia de noticias EFE.

En 2005, el 63% de los brasileños se pronunció en las urnas en contra de que el Estado prohibiera la venta de armas a civiles. Lula no desconoció el resultado, pero introdujo una nutrida reglamentación para limitar la tenencia en una de las sociedades con mayor nivel de violencia armada en la región, con alrededor de 60.000 muertes por año.

Según esa reglamentación, solo podían poseer un arma los mayores de 25 años sin antecedentes penales, con una ocupación lícita, probada capacidad psicológica para su uso y que justificasen su necesidad.

Durante la campaña, Bolsonaro había prometido que todos podrían tener un arma. Su decreto, sin embargo, no universaliza la tenencia, sino que amplía los límites existentes. 

Por ejemplo, la nueva normativa establece una lista de condiciones que justifican "la necesidad" de comprar hasta cuatro revólveres: ser funcionario público de las áreas de seguridad e inteligencia, de la administración penitenciaria y militares activos o retirados.

Además, incluye a personas que residen en zonas rurales o en ciudades con índices anuales superiores a diez homicidios cada 100.000 habitantes, lo que supone prácticamente todo el país.

También son contemplados los dueños o responsables de comercios e industrias, y los coleccionistas o cazadores.

La única limitación clara que establece para este listado es si el ciudadano reside en una vivienda con niños o personas con alguna deficiencia mental, en cuyos casos el potencial comprador de un arma deberá demostrar que posee en su domicilio una caja fuerte o un "lugar seguro" para guardarla.

Si la persona pertenece a una de las categorías autorizadas, debe además cumplir con la mayoría de los requisitos ya existentes: tener más de 25 años, una "ocupación lícita", tener aprobados los cursos psicotécnicos y de tiro obligatorios, y no poseer antecedentes policiales o procesos pendientes en la Justicia.

Según Bolsonaro, estas nuevas normas garantizan que "el ciudadano de bien podrá tener paz dentro de su casa" ya que, según explicó, el arma funcionará como un elemento disuasivo frente los delincuentes.

La principal fuerza opositora, el Partido de los Trabajadores (PT) del ex presidente Lula, fue contundente en su rechazo a la promesa de Bolsonaro desde la campaña presidencial del año pasado. 
Hoy algunos de sus principales referentes volvieron a rechazar la medida. 

Pese a los esfuerzos del PT y otros partidos de izquierda de impugnar el decreto, esta semana el
presidente de la corte suprema, José Antonio Dias Toffoli, ya había declarado que la medida es legal. 

"Si se quisiera establecer la pena de muerte, la Constitución lo impide, pero alterar la política de armamento no hiere una cláusula pétrea", aclaró ante la prensa. 

Una encuesta difundida por el Instituto Datafolha apenas un día antes de la asunción de Bolsonaro, el primero de enero pasado, sostuvo que 61% de los brasileños apoya una prohibición generalizada de la portación de armas en manos de civiles porque alimenta la violencia.