El ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, recibió un duro revés por parte de la Corte Suprema de ese país que dispuso la prisión domiciliaria al ex mandatario, que está acusado por "liderar" un intento de golpe de estado luego de perder las elecciones presidenciales de 2022 frente a Luiz Inácio “Lula” da Silva.

El juez del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, ordenó la prisión domiciliaria del ex mandatario brasileño por incumplimiento reiterado de restricciones cautelares.

Una de las infracciones, según el juez, tuvo que ver con una videollamada en una manifestación en Río de Janeiro, el pasado domingo 3 de agosto, posteriormente publicada por su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, en redes sociales.

Para Alexandre de Moraes, Bolsonaro usó las cuentas de sus aliados para difundir contenido que incitaba ataques contra el STF apoyando una intervención extranjera en el Poder Judicial, por lo que violó la prohibición de usar redes sociales directamente o a través de terceros. En ese sentido, calificó la acción como una “conducta ilegal y encubierta”.

“La Justicia no permitirá que un acusado la considere una tonta, creyendo que permanecerá impune por tener poder político y económico”, advirtió Moraes.

Por esta razón, Bolsonaro deberá permanecer en su casa ubicada en Brasilia, sin acceso a teléfonos móviles confiscados por la Policía Federal.

Además se le prohibirán visitas que no estén autorizadas por la Justicia. Solo podrá reunirse con familiares cercanos y abogados.

Las restricciones incluyen también prohibiciones en la comunicación con embajadores, autoridades extranjeras o investigados en la misma causa.

Jair Bolsonaro está acusado de "capitanear" un intento de golpe de Estado para mantenerse en el poder tras perder en las elecciones presidenciales en 2022, lo que derivó en los ataques del 8 de enero de 2023 contra las sedes de los tres poderes en Brasilia.

Los delitos que se le atribuyen al ex mandatario incluyen asociación criminal, intento de abolir el Estado de derecho, golpe de Estado y daños al patrimonio público. En caso de ser encontrado culpable, podría enfrentar hasta un máximo de 40 años de prisión y una inhabilitación indefinida para cargos públicos.

Los seguidores de Bolsonaro se movilizaron en los últimos días en varias ciudades de Brasil denunciando una “persecución política”. El propio Donald Trump se pronunció a favor del ex mandatario calificando el proceso como una “caza de brujas”, por lo que aplicó aranceles del 50% a productos brasileños para presionar al gobierno de Lula da Silva.