Ecuador enfrenta este miércoles un nuevo día de incertidumbre política que incluye una huelga general y una gran movilización convocada por las comunidades indígenas en Quito, un día después de que mudaran la sede del gobierno de Guayaquil por la escalada de protestas contra las medidas de ajuste económico acordadas con el FMI.

Desde el lunes, los manifestantes comenzaron a llegar por miles a la ciudad capital, en respuesta al llamado de la Confederación de Nacionalidades Indígenes de Ecuador (CONAIE), la mayoría de ellos provenientes de las provincias de la región Sierra y Amazonia, a los que se sumaron estudiantes de varias universidades y miembros de organizaciones sociales del país.

Los manifestantes piden al gobierno que deje sin efecto las medidas económicas anunciadas la semana pasada, que incluyeron la eliminación del subsidio estatal, que regía desde hace más de 40 años, a varios combustibles; por lo que pasaron de costar 1,85 dólares a 2,39 por galón (3,78 litros), mientras, el diésel subió de 1,03 dólares a 2,29, un aumento del 123%.

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También exigen que no sea enviado al Parlamento el paquete de reformas laborales y tributarias que anunció el presidente Lenín Moreno, incluida en el acuerdo de ajuste firmado con el FMI y advierten que la movilización sólo culminará con el fin del "paquetazo".

 Los manifestantes denuncian que las medidas "golpean fuertemente el costo de vida de los ecuatorianos en condiciones más vulnerables". Moreno dijo que eliminar ese subsidio a los combustibles fósiles estaba "en línea con la agenda mundial de lucha contra el cambio climático".

Pese a que este martes el mandatario endureció el estado de excepción y restringió por decreto la libertad de circular "en áreas aledañas a edificaciones e instalaciones estratégicas" entre las 20 y las 5 de la mañana siguiente, la CONAIE ratifico la "permanencia de la movilización nacional" en un comunicado publicado en su perfil de Twitter.

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El Ministerio de Educación informó que las clases se mantienen suspendidas en todo el territorio nacional hasta una nueva disposición, con el fin de precautelar la seguridad de los estudiantes y docentes. Hasta ahora, dos personas murieron por razones asociadas al estallido social y más de 600 fueron detenidas, de acuerdo con informes oficiales.

Desde Bélgica, el ex presidente Rafael Correa urgió a Moreno, a convocar elecciones anticipadas como forma de superar la crisis y se ofreció a ser candidato pese a que cree que no le "dejarán" participar.

"Si es necesario que sea candidato, lo seré. A mí me inhabilitaron para ser presidente porque todo fue ilegal, todo fue inconstitucional, pero de vicepresidente para abajo, yo no tengo ningún problema para participar", indicó en una rueda de prensa en el Parlamento Europeo, al que fue invitado por el grupo de Izquierda Unida.

A su juicio, las autoridades ecuatorianas "van a crear esos problemas, van a buscar cómo impedir mi participación porque saben que los derrotamos", reseñó la agencia de noticias EFE.

El ex presidente de Ecuador entre 2007 y 2017, que actualmente reside en Bélgica, recordó que durante el gobierno de Moreno le abrieron "sin pruebas" más causas judiciales que "a Al Capone, Pinochet y el Chapo Guzmán juntos", y que si regresa a su país será encarcelado.

Correa rechazó las acusaciones de que esté detrás de las marchas indígenas y las protestas y especialmente las alegaciones de que había viajado a Venezuela para instigar junto a su presidente, Nicolás Maduro, las movilizaciones.

Este martes Moreno, a 400 kilómetros de la conmoción en la capital, celebró en Guayaquil una reunión con varios funcionarios, algunos de los cuales se mostraron a favor de abrir un canal de diálogo con las organizaciones en rebeldía, pero advirtieron que no habrá marcha atrás en las medidas.