El próximo miércoles, el ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, deberá declarar ante la Policía Federal tras una posible vinculación con los hechos de vandalismos ocurridos el pasado 8 de enero, cuando un grupo de manifestantes irrumpió las sedes estatales del Palacio del Planalto, el Congreso Nacional y el Supremo Tribunal Federal.

Cabe destacar que el juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, lo había integrado en el listado de posibles sospechosos de componer el grupo de los vándalos que ocasionaron los actos golpistas contra el gobierno del actual presidente Luiz Inácio "Lula" da Silva.

El ex mandatario también es investigado por el tribunal a partir de lo sucedido con un grupo de seguidores "bolsonaristas". Estos habían organizado un campamento golpista instalado frente al cuartel general del Ejército, en Brasilia, para intentar ocasionar un "caos" y lograr que las Fuerzas Armadas declaren un Estado de Sitio para el 1º de enero, justo el día de asunción de "Lula" da Silva.

Esas son las razones por las que Bolsonaro deberá presentarse el próximo miércoles 26 de abril en la sede de la Policía Federal en Brasilia. De esta manera, es la segunda vez que deberá dar explicaciones ante las autoridades en el año, por la causa que lo tiene involucrado por intentar ingresar al país joyas regaladas por las autoridades de Arabia Saudita, con un valor tasado en 16,5 millones de reales.

 

 

 

Cabe destacar que el ex mandatario estuvo marginado durante tres meses previo a lo sucedido el 8 de enero, viviendo en las ciudades norteamericanas de Orlando y Florida, para luego regresar a Brasil en marzo. Antes, Bolsonaro había publicado en sus redes sociales que su derrota en las elecciones presidenciales del mes de octubre se vio influenciada por el fraude en las urnas, motivo por el cual la Justicia considera que incitó a sus seguidores a provocar los disturbios anteriormente mencionados.

El primer ex funcionario de su gestión en caer preso fue el Anderson Torres, responsable de la seguridad de Brasilia y acusado de liberar la zona de los ataques. Vale mencionar que durante un allanamiento en su vivienda, se encontró un borrador de un decreto que tenía como objetivo desconocer el resultado de las elecciones en las que triunfó el Partido de los Trabajadores (PT). Funcionarios de "Lula" denunciaron que "el intento de golpe de Estado fue premeditado en detalle".

Por el momento, la Policía Federal detuvo a 2.151 personas en flagrancia. En tanto, la Fiscalía denunció a 1.390, distribuidos entre 239 pertenecientes al núcleo de los ejecutores de los ataques, y los 1.150 "incitadores", con penas duras de hasta 30 años en prisión para los implicados en delitos graves, como golpe de Estado e intento violento de abolición del Estado Democrático de Derecho.