Jair Bolsonaro fue llevado a una cárcel en Brasilia donde cumplirá su condena de 27 años y tres meses de prisión por intento de golpe de Estado. El ex mandatario brasileño de 70 años fue sentenciado en septiembre tras ser declarado culpable de conspiración para aferrarse al poder tras su derrota ante Luiz Inácio Lula da Silva. El traslado ocurrió días después de que su defensa reiterara su pedido de "prisión domiciliaria humanitaria" en el marco de las distintas complicaciones de salud que atraviesa el ex mandatario.

 

Recluido desde finales de noviembre en una habitación de la sede de la Policía Federal en la capital de Brasil, Bolsonaro fue llevado a un centro penitenciario situado en las afueras de la misma ciudad, según la decisión judicial firmada por Alexandre de Moraes, el magistrado de la Corte Suprema a cargo del caso. El tribunal indicó que el líder de la ultraderecha ya estaba en Papudinha, un predio de la policía militar ubicado dentro del enorme complejo carcelario Papuda. 

Además, apuntó que "allí tendrá más tiempo para recibir visitas, podrá tomar sol y hacer ejercicios en cualquier momento del día", y agregó que "dispondrá de una cinta de correr y una bicicleta, siguiendo recomendaciones médicas".

 

También indicó que Bolsonaro tendrá uso exclusivo de un espacio reservado normalmente para cuatro personas que cuenta con cocina, televisión, cama matrimonial y área externa privada. Aunque Moraes calificó las nuevas condiciones de reclusión de "aún más favorables" que las anteriores, Carlos Bolsonaro, uno de los hijos del ex presidente, criticó el traslado a un "ambiente carcelario severo". En X, denunció una "tamaña maldad" del juez contra su padre. 

La familia, los abogados y aliados del ex presidente emprendieron en las últimas semanas una campaña para cuestionar las condiciones de reclusión y reclamar que le sea autorizada la prisión domiciliaria por motivos de salud. El líder de la extrema derecha brasileña sufre las secuelas de un ataque con arma blanca en 2018 y estuvo en diciembre más de una semana hospitalizado por una cirugía de hernia inguinal. 

 

Moraes respondió a las críticas "carentes de veracidad", señalando que el condenado ya se beneficiaba de "condiciones absolutamente excepcionales y privilegiadas" en la sede policial, incluyendo el servicio de entrega de comida negado al resto de presos.