Las protestas callejeras contra el proyecto gubernamental de reforma tributaria, ya retirado del Congreso, dejaron en Colombia un saldo de 19 muertos, unos 800 heridos, un alerta militar en buena parte del territorio nacional y a la administración de Iván Duque sin ministro de Hacienda, por la renuncia de Alberto Carrasquilla, mientras los organizadores del paro subieron ahora las exigencias de sus reclamos.

El anuncio de Duque de que retiraba la iniciativa del Legislativo en busca de consensuar un nuevo texto no alcanzó para frenar las manifestaciones pero sí para que Carrasquilla dejara la cartera de Hacienda, porque su permanencia "dificultaría la construcción rápida y eficiente de los consensos necesarios" para promover una nueva reforma, explicó en un comunicado.

La Defensoría del Pueblo subió a 19 la cifra de muertos -18 civiles y un policía- y el Ministerio de Defensa contabilizó a su vez 846 personas heridas, de las cuales 306 son civiles.

Las autoridades detuvieron además a 431 personas durante las movilizaciones y el Ejecutivo ordenó desplegar militares a las ciudades más afectadas, tal como lo había reclamado el viernes pasado el expresidente Álvaro Uribe, mentor de la llegada de Duque al Palacio de Nariño.

Presionado por el masivo descontento, que coincide además con una fuerte suba de casos de coronavirus en el país, Duque se fue moviendo de postura respecto de la reforma tributaria: primero negó cambios, después llamó a consensuar variantes con las demás bancadas del Congreso y finalmente anunció el retiro del proyecto.

Con esa decisión, la salida de Carrasquilla -que fue ministro de Uribe entre 2003 y 2007- de la cartera de Hacienda parecía un paso obvio.

Su reemplazante será José Manuel Restrepo, hasta acá titular de Comercio, Industria y Turismo, anunció el propio Duque en su cuenta de la red Twitter.

Lo que no parecía tan claro era que el Comité Nacional del Paro "que agrupa a unas 40 organizaciones- redoblaría la apuesta: llamó a una nueva movilización para el miércoles", porque "la gente, en las calles, está exigiendo mucho más que el retiro de la reforma tributaria", y lanzó un nuevo pliego de pretensiones.

En un comunicado, el CNP reclamó al Ejecutivo que desmilitarice las ciudades, castigue a los "responsables" de agredir a los manifestantes, retire un proyecto de ley que pretende reformar la salud local en tiempos de crisis por la pandemia y disponga una renta básica más alta.

Duque propuso redactar un nuevo proyecto de reforma que descarte los principales puntos de discordia: el aumento del impuesto al IVA para servicios y bienes y la ampliación de la base de contribuyentes con impuesto de renta.

A pesar del anuncio, se registraron nuevas manifestaciones, aunque con menor número de ciudadanos, en Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín. En la capital, hacia el final de lunes, hubo también bloqueo de calles de parte de camioneros y taxistas.

El proyecto de reforma tributaria del presidente Duque aspiraba recaudar unos 6.300 millones de dólares entre 2022 y 2031 para rescatar la economía. En su peor desempeño en medio siglo, el Producto Interno Bruto (PIB) del país se hundió 6,8% en 2020 y el desempleo trepó al 16,8% en marzo.

Casi la mitad de los 50 millones de habitantes está en la informalidad y la pobreza afecta al 42,5% de la población.

Sobre la violencia en las calles durante las concentraciones, el ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que se trata de episodios "premeditados, organizados y financiados por grupos de disidencias de las FARC" que se apartaron del acuerdo de paz firmado en 2016, y por el ELN, la última guerrilla reconocida en Colombia. Además informó sobre afectaciones en 69 estaciones de transporte, 36 cajeros automáticos, 94 bancos, 14 peajes y 313 establecimientos comerciales.

Los choques con policías y militares pusieron en alerta las organizaciones de defensa de los derechos humanos, entre ellas Human Rights Watch, cuyo director para América, José Miguel Vivanco, corroboró la muerte de una persona a manos de un policía en Cali, según la agencia AFP.

Disturbios en Colombia: informe de ONG Temblores

Según la ONG Temblores hubo 940 casos de violencia policial en los últimos días y se investiga "la muerte de ocho manifestantes presuntamente atacados por policías".

La agencia Ansa detalló que la Policía abrió 26 investigaciones disciplinarias contra miembros de esa institución ante las crecientes denuncias de abusos, violencia y muertes de manifestantes.

"Hemos iniciado 26 investigaciones disciplinarias con la inspección general; dentro de ellas ya hay dos policías vinculados formalmente", aseguró el general Jorge Luis Vargas, director de la fuerza, en una declaración pública.

De fondo, persiste la preocupación por el rebrote de contagios de coronavirus, que la semana pasada hizo que el país superara su propio récord de muertes tres días seguidos. El lunes sumó 464 decesos, y es superado solo por Estados Unidos y Brasil en víctimas fatales, de acuedo al sitio del diario El Espectador. En cuanto a contagios, es el tercer país de Latinoamérica (2,8 millones), detrás de Brasil y la Argentina.

Disturbios en Colombia: condena de la ONU y la Unión Europea

En tanto, la ONU y la Unión Europea (UE) condenaron el uso "desproporcionado" de la fuerza en las protestas en Colombia contra el proyecto de reforma fiscal del presidente Duque, que dejaron casi una veintena de muertos.

"Estamos profundamente alarmados por los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Cali en Colombia la pasada noche, cuando la policía abrió fuego contra los manifestantes que protestaban contra la reforma tributaria, matando e hiriendo a varias personas, según la información recibida", declaró en Ginebra Marta Hurtado, vocera de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Hurtado lanzó además un llamado a la calma antes de una nueva jornada de manifestaciones, prevista para este martes. "Nuestra oficina en Colombia está trabajando para verificar el número exacto de víctimas y establecer las circunstancias de estos terribles incidentes en Cali", dijo Hurtado.

La vocera agregó que los "defensores de derechos humanos también informaron que fueron acosados y amenazados". "Dada la situación extremadamente tensa, con soldados y policías desplegados para vigilar la protesta, hacemos un llamado a la calma", declaró Hurtado.

"Recordamos a las autoridades del Estado su responsabilidad de proteger los derechos humanos, incluido el derecho a la vida y a la seguridad personal, y de facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica", agregó la vocera.

"Resaltamos también que los agentes encargados de hacer cumplir la ley deben respetar los principios de legalidad, precaución, necesidad y proporcionalidad a la hora de vigilar las manifestaciones", subrayó. Hurtado postuló que "las armas de fuego sólo pueden utilizarse como último recurso ante una amenaza inminente de muerte o de lesiones graves".

 

En la misma línea, la UE aseguró que está siguiendo de cerca la situación y condenó "los actos de violencia".

"La UE condena estos hechos de violencia" que afectan "el legítimo derecho a la protesta y a la reunión pacífica, así como a la libertad de expresión", manifestó el vocero del servicio diplomático de la institución, Peter Stano.