Tras una visita oficial la semana pasada a Bolivia, una delegación de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parlasur, el parlamento del Mercosur, denunció "la participación de las Fuerzas Armadas en operativos para control del orden público (...) produjeron hasta el momento 32 víctimas fatales, 832 personas heridas y 1513 detenidas", desde el "golpe cívico-militar" que terminó con el gobierno de Evo Morales.

En un comunicado, la comisión también denunció "declaraciones, discursos y ataques de odio racial dirigidos a los pueblos indígenas del país, principalmente a sus mujeres y sus símbolos"; además, de "graves amenazas, ataques físicos y a las viviendas dirigidas a líderes, asambleístas y dirigentes sociales, funcionarios y funcionarias y dirigentes de instituciones independientes del Estado, y los organismos nacionales de promoción y protección de los derechos humanos".

Asimismo, se mostró preocupado por la decisión del gobierno de facto de Jeanine Áñez, de "no otorgar salvoconducto a dirigentes que se encuentran con asilo en embajadas" -como la mexicana- y por "la persecución a periodistas nacionales y extranjeros", como sucedió con varios equipos de televisión argentinos.

La delegación, compuesta por los legisladores Cecilia Merchán, de Argentina; Ricardo Canese, de Paraguay; Carlos Reutor, de Uruguay; y Fernanda Melchionna, de Brasil; y el secretario de Relaciones Internacionales del parlamento regional, Luis Seara, estuvo en Bolivia el jueves y viernes pasado y se reunió con "todos los sectores políticos legítimamente constituidos en la Asamblea Legislativa, organizaciones de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo y las víctimas y familiares de víctimas de la represión".

En su página web, difundió un resumen de las violaciones a los derechos humanos que pudieron confirmar y una serie de propuestas para reencauzar el proceso constitucional en el país andino.

La delegación llamó a un "avance en el diálogo representativo de todos los actores políticos y sociales democráticos del Estado Plurinacional de Bolivia" y "del cronograma electoral alcanzado por acuerdo de los bloques de la Asamblea Legislativa".

También pidió "la debida reparación a las víctimas y la promoción de justicia a sus familiares", "la garantía de defensa y debido proceso a las personas que continúan en prisión luego de las manifestaciones", "salvoconductos a asilados que así lo solicitan", "juicio y castigo a los grupos de odio e intolerancia que operaron como paramilitares", y "una ley de garantías constitucionales que permita la reparación de la violación a los derechos y ningún tipo de persecución a ciudadanos y ciudadanas por ninguna razón política ni de identidad".

El comunicado hizo especial hincapié en exigir "la no participación de las fuerzas militares para reprimir las protestas sociales y políticas" y "el cese inmediato a la represión social, a la persecución y a los actos discriminatorios sobre los pueblos originarios", como condición necesaria para "un verdadero diálogo nacional".

Finalmente, propuso "la conformación de una comisión formada por distintos organismos regionales e internacionales que acompañen el proceso de restitución de todos los mecanismos constitucionales".